Las declaraciones del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera Montero que cuestionan la calidad y contribución de las universidades privadas constituyen una ofensa a los estudiantes y familias que han elegido esta opción educativa.
CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE recuerda que, en 2023, se aprobó la Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario, en la que se reconocía la aportación y contribución de las universidades privadas al sistema universitario. Las universidades privadas en España operan bajo un marco legal muy exigente, aprobado por este Ejecutivo, y que establece criterios comunes que deben cumplir todas las Universidades, tanto públicas como privadas. Por tanto, si una Universidad está legalmente reconocida es porque ha superado todos los controles previstos en virtud del marco general que establece el Ministerio de Universidades.
Las universidades privadas se encuentran sujetas a la evaluación, certificación y acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), lo que asegura el cumplimiento de todos los estándares de calidad educativa y de excelencia académica.
Las universidades privadas son esenciales para el sistema universitario español, ampliando la oferta educativa y generando talento. Además, son una alternativa para miles de estudiantes que no pudieron acceder a la universidad pública. Universidad Pública y Privada son complementarias y conjuntamente constituyen un acervo cultural e intelectual muy rico para la sociedad española que debemos preservar.
En el curso 2023-2024, más de 300.000 estudiantes de Grado, 145.000 de Máster y 8.000 de Doctorado se matricularon en universidades privadas, muchos de ellos provenientes de otros países, demostrando la confianza y el valor que esta opción educativa representa.
Una vez más, este gobierno hace un ataque a la iniciativa privada y a los empresarios que invierten, arriesgan y contribuyen a la generación de empleo contratando personal docente, investigador y de gestión; con la intención última de perjudicar a Comunidades Autónomas concretas que se limitan a autorizar la actividad de una Universidad que cumple con todos los criterios de calidad establecidos desde el Ministerio de Universidades.