Cómo mejorar la gestión del riesgo en las zonas afectadas por DANA para que no se repita una catástrofe

José María Bodoque, Universidad de Castilla-La Mancha

El análisis sinóptico de la DANA (siglas de depresión aislada en niveles altos) del 29 de octubre de 2024 que afectó al Levante español ha revelado que el evento fue causado por una corriente de aire frío que, al alcanzar la costa mediterránea y entrar en contacto con el aire cálido y húmedo del Mediterráneo, favoreció la formación de nubosidad densa y lluvias torrenciales.

Según las estimaciones, se alcanzaron valores de precipitaciones en la provincia de Valencia de hasta 500 l/m² en ocho horas, afectando a municipios como Chiva, Utiel, Paiporta, Torrent y Requena, entre otros. Otras provincias afectadas han sido Málaga, así como Albacete y Cuenca, especialmente sus municipios de Letur y Miras, respectivamente.

Estas precipitaciones saturaron rápidamente los suelos, generando crecidas súbitas en torrentes, cauces y ramblas, que se desencadenaron en pocas horas, lo que limitó el tiempo de respuesta, dejando poco margen para emitir alertas que fueran efectivas y poner en marcha medidas de evacuación y rescate. Como resultado, se han producido daños significativos en la agricultura y las infraestructuras, así como en los comercios, industrias y viviendas de las áreas urbanas afectadas.

Asimismo, con fecha 31 de octubre, ya se habían contabilizado al menos 95 muertos, de los que, como mínimo 92 se habían registrado en la provincia de Valencia, uno en la provincia de Málaga, otro en Cuenca, en la localidad de Mira, y otro en Albacete, en la localidad de Letur, en la que, además, hay cuatro personas desaparecidas.

El riesgo de construir en los espacios fluviales

Este tipo de eventos también provocaron desastres en el Levante español en el pasado. En concreto, la riada de Valencia de 1957, que causó 81 muertos al desbordarse el Turia, o la inundación de 1982 en Alicante, en la que hubo tres fallecidos. En 1982 también ocurrió la rotura de la presa de Tous, que colapsó tras lluvias de más de 600 mm en pocas horas, dejando 30 muertos y más de 30 000 personas sin hogar.

En 1997, precipitaciones extremas en Alicante provocaron 4 víctimas mortales. En 2018, en la isla de Mallorca hubo 13 muertes por inundaciones en la localidad de Sant Llorenç, y en 2019, una DANA en la comarca alicantina de la Vega Baja provocó tres muertos.

En relación con estos eventos, el principal factor amplificador de pérdidas de vida humana, damnificados y de daños económicos es la urbanización de los espacios fluviales de cauces y ramblas, circunstancia esta que también se ha dado en la mayoría de los núcleos urbanos afectados por la DANA del pasado 29 de octubre.

Así, la expansión urbana en los espacios fluviales de cauces intermitentes como la rambla del Poyo ha aumentado la exposición y vulnerabilidad y, en consecuencia, el riesgo de las áreas urbanas y periurbanas a las crecidas súbitas como las acontecidas en el evento que aquí se describe.

A futuro, el cambio climático probablemente aumentará la frecuencia, duración y severidad de las DANA, ya que el previsible aumento de la temperatura del Mediterráneo incrementará la humedad de las masas de aire, lo que potenciará la ocurrencia de lluvias extremas en caso de formación de DANA. Por otro lado, estos fenómenos, hasta ahora habituales finalizado el verano, podrían extenderse en el tiempo si las altas temperaturas del mar se mantienen pasado el otoño.

Propuestas de mejoras en la gestión del riesgo

Los efectos de la reciente DANA subrayan la necesidad de mejorar la gestión del riesgo sobre la base de la prevención, la preparación y la respuesta eficaz. Estas son algunas propuestas:

• Mejorar la percepción del riesgo: mediante campañas de comunicación adaptadas a diferentes públicos, utilizando medios locales, redes sociales y aplicaciones móviles para difundir los mapas peligrosidad y de riesgo existentes, o los planes locales de protección civil, entre otras fuentes de información disponibles.

• Crear índices de vulnerabilidad holísticos: estos deben considerar las dimensiones social, económica, física, institucional, cultural y ambiental ayudarían a identificar áreas prioritarias y focalizar recursos en las zonas de mayor riesgo.

• Desarrollar mapas de peligrosidad y de riesgo con base probabilística: estos sustituirían al enfoque habitual determinístico, a fin de permitir la toma de decisiones informadas en función de la probabilidad, en lugar de en salidas cartográficas binarias (zonas que se inundan versus zonas que no se inundan).

• Mejorar la resiliencia de la infraestructura urbana: incentivando la adaptación de los edificios ubicados en áreas de riesgo, mediante la instalación de barreras de contención y compuertas antiinundación o mediante la elevación de la cota de acceso a la primera planta del edificio.

• Mejorar de los sistemas de alerta meteorológica: para ello se requiere desarrollar nuevos modelos y tecnologías que maximicen la precisión de los pronósticos. Con ello, se podrá incrementar la eficiencia de los sistemas de aviso por mensajería soportada por telefonía móvil como ES-ALERT, que permite a las autoridades de protección civil alertar a la población sobre la necesidad de evitar desplazamientos a los centros escolares o laborales en caso de ocurrencia de lluvias torrenciales.

En resumen, la DANA del 29 de octubre de 2024 evidencia la necesidad de mejorar la gestión del riesgo en zonas vulnerables del Levante español. La urbanización de las zonas inundables y el cambio climático aumentan la exposición a las crecidas súbitas.

Ante este panorama, es fundamental mejorar la percepción social del riesgo, mediante el desarrollo de planes de comunicación; desarrollar índices holísticos de vulnerabilidad y mejorar la resiliencia de los edificios en áreas urbanas. Además, aumentar la eficiencia de los sistemas de alerta meteorológica y adoptar enfoques preventivos podrían reducir daños y proteger vidas durante eventos extremos futuros.

José María Bodoque, Investigador en modelización hidrológica, hidromorfología y evaluación de inundaciones, Universidad de Castilla-La Mancha

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.