CCOO, UGT y FEDAVICA solicitan amparo al Defensor del Pueblo ante el retraso en la puesta en marcha del fondo de compensación para las víctimas del amianto.
El Gobierno ningunea a las víctimas del amianto. Por este motivo, la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), CCOO y UGT se han reunido hoy con Ángel Gabilondo, titular de la Oficina del Defensor del Pueblo, para informarle y solicitar el amparo de la institución por la injusta situación que se ha creado ante el retraso de dos años por parte del Gobierno para cumplir con la obligación de aprobar el reglamento que desarrollaría la Ley 21/2022, que creó el fondo de compensación para las víctimas de este agente cancerígeno. El titular de la Oficina del Defensor elevará una pregunta interesándose por las causas del incumplimiento de la Ley y del retraso en la aprobación del reglamento.
Desde A día de hoy nos encontramos con que el fondo de compensación de las víctimas del amianto, creado hace más de 2 años por la Ley 21/2022, no está en funcionamiento porque el Gobierno no ha aprobado el Reglamento al que le obliga la Ley. “Se trata de una Ley que nació de una propuesta del Parlamento Vasco en 2019 y que se aprobó por unanimidad en el Congreso y en el Senado, y que desde su aprobación suma pronunciamientos exhortando para completar su desarrollo reglamentario tanto en el Parlamento Vasco como mediante una proposición no de ley aprobada de nuevo por unanimidad por el Congreso. Y mientras tanto en estos dos años ha fallecido un gran número de compañeros sin poder acceder a unas indemnizaciones a las que legalmente tienen derecho”, ha denunciado Jon García, portavoz de FEDAVICA.
“Solicitamos amparo al Defensor del Pueblo, al que tenemos que agradecer su interés y la rapidez en recibirnos, porque la interlocución con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con este asunto está inexplicablemente bloqueada. Mantuvimos dos reuniones con el Ministerio tras la aprobación de la Ley y en julio de 2023 enviamos alegaciones al proyecto de Real Decreto que se nos presentó. Desde ese momento ni hemos recibido respuesta a nuestras alegaciones, ni hemos vuelto a reunirnos con los responsables del Ministerio a pesar de nuestras reiteradas solicitudes de reunión”, ha indicado Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT.
“El retraso del reglamento es intolerable, pero el contenido de proyecto de RD que nos presentó el Ministerio es una burla par las personas afectadas. Las cuantías de las indemnizaciones son escasísimas, muy alejadas de las que están fijando los tribunales y muy por debajo de otras indemnizaciones previstas para otros colectivos como las víctimas del terrorismo, del VIH o de la talidomida. Y a lo que hay que unir que no cuentan con una exención del IRPF, como ya sucede con esos otros colectivos, lo que supondría un serio recorte de las cantidades a percibir. Las víctimas del amianto están siendo tratadas como víctimas de segunda”, ha afirmado Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO.
Ante esta injusticia manifiesta, FEDAVICA, UGT y CCOO han llevado un buen listado de interrogantes ante la oficina del Defensor del Pueblo, cuyo titular, Ángel Gabilondo ha tomado nota de esas preguntas que, aún, no tienen respuesta: ¿Cómo es posible que el Gobierno incumpla los plazos de la Ley, cuando ha sido aprobada por unanimidad por parte del Parlamento Vasco (en tres ocasiones), el Congreso de los Diputados y el Senado? ¿Cómo es posible que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asigne a las víctimas del amianto y sus familiares unas indemnizaciones más de tres veces inferiores a las establecidas para otros colectivos en similares circunstancias?
Por su parte, Ángel Gabilondo, titular de la Oficina del Defensor del Pueblo, tras escuchar la argumentación de las tres organizaciones, “bien fundamentada y que ha seguido los cauces pertinentes”, ha asegurado que desde su oficina se dirigirá por escrito a la Secretaria de Estado de Seguridad Social y Pensiones para “interesarnos por el retraso en la puesta en marcha del fondo de compensación para las víctimas del amianto”. Si este requerimiento no fuera escuchado, en último término, la cuestión podría elevarse ante la Fiscalía.
Los portavoces de las tres organizaciones han informado al Defensor del Pueblo que en el mismo momento en el que se estaba desarrollando esa reunión, se estaba celebrando en Barcelona un juicio en el que un extrabajador del Metro de esa ciudad, enfermo de amianto, reclamaba una indemnización a la empresa por falta de medidas preventivas. Un juicio que, si el Gobierno hubiera aprobado el reglamento de la Ley 21/2022 en plazo y con unas cuantías dignas de las indemnizaciones, podría haberse evitado.