En el marco de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado, tras una primera oportunidad fallida, el Plan de Accion de Salud Mental 2025-2027 (PASM), un instrumento que busca afrontar, con bastante mayor eficacia que la mostrada hasta el momento, los importantes desafíos en materia de salud mental en España. El PASM 2025-2027 se articula en torno a ocho líneas estratégicas, la última de las cuales se dedica, precisamente, a la salud mental en los entornos de trabajo, evidenciando la importancia de intervenir en ellos para asegurar, o al menos promover, una gestión eficaz de la salud mental en general. La preeminente faceta de salud pública de la gestión de la salud mental no puede prescindir de atender, con especial intensidad, su dimensión sociolaboral.
En síntesis, estas líneas estratégicas son:
- Refuerzo de recursos humanos en salud mental.
- Salud mental comunitaria y alternativas a la institucionalización (ej. la atención domiciliaria, casas de crisis, hospitalización abierta) para fomentar la autonomía, en especial promoviendo el acceso a la vivienda y al trabajo dignos.
- Modelo de atención orientado a los derechos humanos, humanización y lucha contra el estigma.
- Uso racional de psicofármacos, calidad y seguridad en la prescripción (también la prescripción social y la deprescripción de hipnosedantes y antidepresivos).
- Abordaje de problemas de salud mental en contextos y colectivos de mayor vulnerabilidad (como las personas mayores, migrantes, personas en situación de exclusión social y víctimas de violencia de género, entre otras).
- Salud mental perinatal, de la infancia y de la adolescencia.
- Potenciar los sistemas de información en salud mental.
- Salud mental y trabajo.
Se prevé dedicar un presupuesto de 39 millones de euros para implementar los importantes avances que recoge e impulsa. Pese a sus limitaciones presupuestarias y sus deficiencias normativas e institucionales, ha recibido una valoración muy positiva por la Confederación Salud Mental España. En lo que concierne expresamente a esta última línea, el PASM se compromete a impulsar un conjunto de acciones que garanticen la protección de la salud mental en el ámbito laboral, “así como la obtención de trabajo de calidad para las personas con trastorno mental”.
Un compromiso institucionalmente especialmente significativo es la pretensión de “avanzar en la identificación de la relación entre la mala salud mental y el trabajo para progresar hacia el reconocimiento de los trastornos mentales derivados o agravados por el trabajo”. En efecto, debe recordarse que, a diferencia de lo que sucede en el Listado de Enfermedades Profesionales de la OIT (2010), el de la Unión Europea (2022), que es el vigente en España, no contempla enfermedades profesionales de origen mental.
Esta línea estratégica se concreta, a su vez, en 5 acciones:
8.1. Elaboración de una Guía de identificación y comunicación de la sospecha de trastornos mentales derivados o agravados por el trabajo teniendo en cuenta a las personas trabajadoras con discapacidad.
8.2. Promover la vigilancia de la salud mental de las personas trabajadoras expuestas a riesgos psicosociales, específicamente a aquéllas con discapacidad.
8.3. Promover y proteger la salud mental de las personas trabajadoras mediante la identificación de trastornos mentales derivados o agravados por el trabajo desde el sistema sanitario.
8.4. Promover el acceso y el mantenimiento del trabajo de calidad a las personas con trastorno mental.
8.5. Desarrollar programas específicos para la prevención y apoyo en salud mental para profesionales sanitarios y sociosanitarios (considerados un colectivo, a tal fin, especialmente expuesto y vulnerable a estos problemas) cuidar a quienes cuidan.
Esta última acción, sin duda, es un claro reflejo de la evidencia alcanzada en la tragedia de la covid19 entorno a la esencialidad del trabajo de cuidar para la vida social y, al tiempo, los extraordinarios déficits estructurales existentes en su funcionamiento, en particular la sobrecarga de trabajo que deben soportar las personas que prestan sus servicios en este sector de actividad y sus varios subsectores (sanitarios, sociosanitarios, residencias de personas mayores, servicios de atención a domicilio, etc.). Aunque no son los únicos, en la medida en que también el sector de la limpieza o el sector de la hostelería, muy en especial aquellos trabajos más feminizados, como camareras de piso, presentan factores de riesgo psicosocial análogos o equivalentes, evidenciando también una perspectiva de género muy acusada.
Desde esta perspectiva, y si bien no se descarta en modo alguno, se echa algo de menos que esta atención profesional específica a quienes se dedican al trabajo de cuidar se concrete de forma tan selectiva o sectorial, centrada en la profesión sanitaria, así como sociosanitaria, y no en todos los sectores del trabajo de cuidar. La OIT ha puesto de relieve la importancia de esta acción para garantizar un estándar de trabajo de cuidar decente. Precisamente, para el sector de servicios a domicilio de especial interés es la reforma promovida, para mejorar la acción preventiva, en especial ergonómica y psicosocial, en el sector de los servicios de atención a domicilio (SAD), por el Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre (que regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar).
En estos contextos o escenarios de protección y promoción de la salud mental en los entornos de trabajo se echa en falta igualmente una llamada más precisa a la debida perspectiva de género. Una doble dimensión que, sin embargo, parece está previsto que sean visibilizadas y reforzadas en la (algo ralentizada) reforma de la LPRL que en estos momentos se tramita en la Mesa de Diálogo Social a tal fin.