La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha reclamado al Estado una «profunda reforma» de la legislación estatal, con una nueva Ley de Suelo, que «facilite el desarrollo urbano con seguridad jurídica», una ley nacional contra la ocupación ilegal que «permita desalojos exprés y refuerce la protección a las víctimas» y la derogación de la actual Ley Estatal de Vivienda. Rocío Díaz ha comparecido en Madrid en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde ha ahondado en la necesidad de alejarse de etiquetas e imposiciones y aplicar «medidas realistas» que verdaderamente garanticen el acceso a la vivienda. «Otro modelo de vivienda es posible, y Andalucía es un claro ejemplo de ello», ha manifestado la titular Fomento.
Díaz ha hecho un repaso de los siete años del Gobierno de España en materia de vivienda, con «políticas erráticas», que han provocado «una caída histórica» en la oferta de alquiler y un «incremento de precios desbocado», agravado en los últimos dos años con la entrada en vigor de la Ley Estatal de Vivienda, una norma que ha demostrado que no funciona. Asimismo, Díaz ha vuelto a exigir la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Vivienda porque «la situación de la vivienda necesita más trabajo y menos demagogia». Una Conferencia Sectorial que acumula siete meses sin celebrarse pese a que hay asuntos de calado que analizar, como el reparto de fondos del Plan Estatal.
La consejera ha defendido el modelo que está impulsando Andalucía en materia de vivienda y que guarda similitudes con el que quieren desarrollar otras comunidades. «Garantizar el acceso a la vivienda siempre ha sido una prioridad para este Gobierno andaluz, dejando atrás la inacción socialista», ha manifestado, que ha apelado a una vía andaluza «sin etiquetas» y que «se alinean con las aspiraciones de la mayoría», con medidas que coinciden con las recetas de expertos, sector e instituciones. Andalucía, ha indicado en su comparecencia del Senado, asienta su política en el incremento de la oferta del parque público en alquiler, la simplificación de la burocracia y la reducción de las cargas fiscales. Sobre ello, «aprobamos el Plan Vive en Andalucía, que nos ha ayudado a impulsar 13.000 VPO, cuatro veces más que en el sexenio anterior, y también la LISTA, nuestra ley del suelo, que agiliza los procesos urbanísticos y reduce los plazos administrativos».
De igual manera, ha mencionado los más de 1.700 andaluces que han obtenido avales para comprar su primera vivienda a través del programa Garantía Vivienda Andalucía, y los 250.000 andaluces que se han ahorrado 460 millones de euros gracias a rebajas fiscales asociadas a la vivienda.
«Nuestras políticas de vivienda ofrecen certidumbre y confianza, y devuelven a la ciudadanía la tranquilidad de que tener una vivienda asequible en Andalucía no es una utopía, sino un derecho alcanzable», ha afirmado. En ese sentido, ha recordado que el Gobierno andaluz ha activado el desarrollo de suelos para 19.000 viviendas a través de la colaboración público-privada y ha concedido más de 300 millones de euros en ayudas a promotores para la construcción de 7.000 viviendas protegidas en alquiler.
Ley de Vivienda andaluza, tras el verano
Rocío Díaz ha informado ante la Cámara Alta que el Gobierno de la Junta de Andalucía está trabajando en «una ley de vivienda con sello propio, que llegará al Parlamento después del verano y está dirigida a solucionar problemas y no a crearlos». «Será una reforma estructural y de calado para aumentar la oferta y bajar los precios para que los jóvenes y las familias de nuestra tierra tengan más fácil el acceso a una vivienda«.
Algunas de sus medidas ya se han adelantado con la aprobación en febrero de un decreto-ley que se ha marcado como objetivo la construcción de 20.000 viviendas protegidas en cinco años.
Para lograrlo, se han adoptado medidas que incrementan la disponibilidad del suelo, entre ellas dar la posibilidad de destinar solares de uso turístico u oficinas a viviendas protegidas; o permitir VPO en solares dotacionales privados para alquiler. Asimismo, se permite aumentar un 20% la densidad y edificabilidad en parcelas de vivienda libre si se destinan a protección oficial e incorporar promociones a la Unidad Aceleradora de Proyectos, reduciendo a la mitad los plazos de tramitación. Por último, la Consejería de Fomento está trabajando en la creación de una bolsa de suelo para vivienda protegida para ponerla a disposición de los promotores.
Rocío Díaz ha recordado igualmente que la Junta de Andalucía está haciendo frente al aumento de la okupación en el marco de sus competencias. Así, ha creado el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento en Materia de Desahucio y Lucha contra la Ocupación Ilegal porque «la ocupación e inquiocupación están ahí, aunque lo nieguen». «Nuestro modelo busca restablecer el equilibrio entre propietarios e inquilinos proporcionando seguridad jurídica», ha indicado la consejera de Fomento porque, como ha dicho, la vivienda necesita políticas ambiciosas, responsables y consensuadas, y desde Andalucía seguiremos trabajando, proponiendo y colaborado, pero también exigiendo».
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