Andalucía reclama al Ministerio recursos y coordinación para implantar la Ley de Eficiencia Judicial

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha expresado su satisfacción por que Córdoba acoja la Conferencia Sectorial de Justicia en la que «se está hablando de un nuevo modelo de Justicia para España» tras la aprobación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Una norma que supondrá una gran transformación en un periodo muy corto ya que es «muy exigente» en sus plazos, por lo que ha solicitado al Ministerio de Justicia recursos y coordinación para ayudar a las comunidades autónomas a desplegarla y evitar desequilibrios entre territorios.

Para Nieto, la implantación de esta ley, que sustituirá los actuales juzgados unipersonales por tribunales de instancia y supondrá una reorganización del personal, «va a suponer un esfuerzo en recursos humanos, pero también económico que le hemos pedido al ministro que sea compartido y que el Gobierno de España se implique».

En este sentido, ha recordado que la Junta ha tenido que elaborar sus Presupuestos para 2025 antes de conocer el contenido de la ley, aprobada la semana pasada en el Congreso y que aún debe pasar por el Senado, por lo que en las cuentas andaluzas que se encuentran ya en su fase final de tramitación no se ha podido incorporar el despliegue de la norma, si bien ha garantizado que se hará «un trabajo intensísimo porque no queremos que Andalucía se quede atrás, pero pedimos ayuda al Ministerio».

Nieto se ha referido a la importancia de trabajar en la integración de los sistemas digitales de tramitación, que permitan la interoperatividad entre órganos de distintos territorios. Y ha solicitado «lealtad institucional y comunicación entre el Ministerio y las comunidades autónomas para tener una interlocución similar con las organizaciones sindicales y que no haya negociaciones que supongan desequilibrios entre territorios y generen un problema».

Según ha explicado, la transformación prevista en la ley no implica necesariamente aumento de personal, pero sí una reordenación de las plantillas que dejarán de estar adscritas a un juzgado y se integrarán en unidades de apoyo a la tramitación de los tribunales de instancia. Además, se crearán servicios comunes de ejecutorias ya que, que según ha reconocido, el retraso en la ejecución de las sentencias es uno de los grandes problemas del sistema actual.

Nieto ha incidido en que la obligación de todas las administraciones de trabajar para que «la Justicia deje de ser algo que la sociedad considera lento, ineficiente, que no responde a las necesidades del siglo XXI».