La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha planteado en la Conferencia Sectorial de Educación que ha tenido lugar en Madrid en la sede del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la necesidad de que el Estado aborde un plan nacional para la modernización de las infraestructuras educativas, dado que una gran mayoría de centros se construyeron entre las décadas de los 70 y 90 y exige un esfuerzo presupuestario de adecuación muy importante que están asumiendo el solitario las Comunidades Autónomas. La mayoría de consejeros y consejeras así lo han expuesto también. Castillo ha apuntado que Andalucía ha invertido en esta renovación de los centros casi 600 millones de euros en los últimos seis años. En la misma línea, la consejera andaluza ha recordado al Gobierno central que no ha cumplido con el anuncio que hizo en 2022 de distribuir 200 millones de euros para la bioclimatización de los centros educativos en toda España, una cantidad que, para ponerla en contexto por insuficiente, precisamente coincide con la inversión del Gobierno andaluz para dotar de refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas a 542 centros andaluces en estos últimos años.
Igualmente, Andalucía ha coincidido con el resto de CCAA en plantear al Gobierno de España la extensión de las políticas de cooperación para financiar el crecimiento exponencial de los recursos destinados a la atención de las necesidades educativas especiales, que en Andalucía mantiene un incremento de un 7% anual y de un 74% acumulado de aumento del presupuesto para multiplicar los recursos para este alumnado. Castillo se ha congratulado del anuncio de Pilar Alegría de convocar una próxima Conferencia Sectorial monográfica sobre Formación Profesional, en la que la consejera, como ha adelantado, planteará la posibilidad de implementar incentivos fiscales a las empresas que colaboren con la FP Dual para la formación compartida del alumnado y así poder atraer sobre todo a las pequeñas y medianas empresas a unas enseñanzas que ya son clave en el desarrollo económico y social en todo el país. Encima de la mesa, igualmente, estará la financiación del alta en la Seguridad Social del alumnado, que Andalucía está asumiendo con fondos propios, así como la gestión de las mismas para eximir a las empresas y centros educativos. Varios consejeros y consejeras han pedido replantear esta medida porque consideran que es un freno para la incorporación de empresas a la FP Dual.
Igualmente, sobre el primer ciclo de Infantil, después del anuncio del Gobierno de España de destinar 175 millones de euros en una nueva fase para la ampliación de la gratuidad, Andalucía ha defendido una flexibilización en el destino de esos fondos para que se puedan ajustar a las características y necesidades de cada modelo autonómico, en el caso de Andalucía, para ampliar la gratuidad de las plazas existentes para las familias. La mayoría de las CCAA han solicitado al Ministerio compartir al menos al 50% la financiación de la universalización de la gratuidad de la educación de este primer ciclo, en el que Andalucía invertirá este año 290 millones incluyendo la medida de la gratuidad del tramo de dos años para todos los niños y niñas andaluces a partir del curso 25-26.