Andalucía contará con una Unidad Administrativa de Apoyo a la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, integrada por cuatro funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativo procedentes de los órganos judiciales, para el asesoramiento, análisis, ejecución y seguimiento de las medidas que la Junta tiene que poner en marcha para adaptarse a la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia aprobada recientemente por las Cortes Generales.
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la Orden de 23 de diciembre de 2024 aprobada por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para crear esta unidad de apoyo, formada por profesionales con conocimientos y experiencia para colaborar en el despliegue de la reordenación que conlleva la norma estatal.
La Ley de Eficiencia supondrá una profunda transformación de la Administración de Justicia al sustituir los juzgados unipersonales por tribunales de instancia, órganos colegiados, y reorganizar las plantillas de funcionarios conformando un nuevo concepto de Oficina Judicial en la que el personal no está adscrito a un juzgado concreto, sino a los nuevos órganos colegiados.
La Junta, como administración prestacional, tiene la competencia de dotar de recursos materiales y humanos a la Administración de Justicia y adaptar éstos a la nueva estructura. Una tarea especialmente compleja en una comunidad autónoma de las dimensiones de Andalucía, que cuenta con 85 partidos judiciales y casi 9.000 funcionarios de Justicia.
La ley estatal establece un calendario de aplicación exigente, ya que todos los partidos con menos de siete juzgados deberán estar adaptados antes del 31 de julio; los partidos con hasta 12 órganos, el 31 de octubre; y los más grandes, el 31 de diciembre.
Por todo ello, la Junta considera necesario contar con esta unidad de apoyo formada por profesionales de la Administración de Justicia para llevar a cabo esta importante transformación que requerirá un gran esfuerzo a las comunidades autónomas sin apoyo económico del Estado.