La Junta de Andalucía ha aprobado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para los órganos judiciales de los 70 partidos que deben adaptarse a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia antes del 1 de julio, que implica una reestructuración de las plantillas de funcionarios ante la sustitución de los juzgados unipersonales por tribunales de instancia, órganos colegiados. La nueva estructura incluye la creación de 80 nuevas plazas y de nuevos puestos de jefatura con un complemento salarial, lo que supone que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública asume una inversión de más de 3,5 millones anuales.
Tras meses de negociaciones con los sindicatos de Justicia, a quienes el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha agradecido su trabajo y diálogo durante este tiempo pese a no haber sido posible alcanzar un acuerdo, la Consejería ha aprobado esta RPT, necesaria para cumplir el calendario previsto en la ley estatal que, en el caso de Andalucía, supone tener que adecuar las plantillas del 82,3% de los partidos judiciales.
La norma exige que antes del 1 de julio estén adaptados todos los partidos judiciales con Juzgados Mixtos y órganos especializados en Violencia sobre la Mujer, que en el caso de Andalucía son 70 de los 85 existentes en la comunidad en los que trabajan en total unos 9.000 funcionarios. El 1 de octubre deberán adaptarse otros tres partidos judiciales (los de Marbella, Torremolinos y Fuengirola, todos ellos en la provincia de Málaga) y antes de final de año, los 12 restantes correspondientes a las ocho capitales además de Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María (todos ellos en Cádiz) y Motril (Granada).
La adaptación a la ley no solo no supondrá una merma en el número de plazas y de derechos económicos del personal, sino que en los 70 partidos judiciales que se adaptarán en la primera fase se crearán 80 nuevas plazas, 60 de ellas de nueva creación y 20 que pasarán a ser estructurales, pues hasta ahora las ocupaba personal de refuerzo. Asimismo, se crean nuevos puestos de jefatura con un complemento salarial.
Todo ello supone un “esfuerzo económico” de 3,5 millones anuales, a lo que hay que añadir la adecuación de las infraestructuras judiciales a la nueva estructura de los tribunales de instancia y las oficinas judiciales. Un esfuerzo económico que la Junta está realizando en solitario ya que, tal y como viene recordando el consejero, el Ministerio de Justicia no ha consignado “ni un euro” para que las comunidades con las competencias de Justicia transferidas puedan poner esta ley.