El Gobierno publicó una serie de decretos en el Boletín Oficial destinados a fortalecer la transparencia en la administración de fondos de las universidades públicas. Para el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez: «El espíritu de las reformas es aumentar la transparencia de las universidades para las compras y contrataciones».
El objetivo principal es implementar sistemas de control que permitan supervisar compras, contrataciones y transferencias de manera más eficiente y accesible. «De esta forma cualquier persona va a poder ver que es lo que se compra o contrata», dijo Álvarez a La Derecha Diario.
«Hay un compromiso de parte de Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de adaptarse a las nuevas normativas«, dijo el subsecretario. “Sabemos que esto es un proceso lento, pero la idea es que todas las universidades estén incluidas”, afirmó.
Esto se debe a que «toma un tiempo para adaptar los sistemas informáticos«, explicó Álvarez. «La idea es que todo funcione bien y sea transparente, sin que se complique la administración normal de las universidades nacionales«, detalló.
Controversias con la Universidad de Buenos Aires
Álvarez destacó que 35 universidades ya adoptaron los sistemas de compras mencionados, lo que representa aproximadamente la mitad de las instituciones públicas del país. Sin embargo, admitió que el diálogo con la Universidad de Buenos Aires (UBA) se encontraba en pausa.
Además, comentó que la UBA no participó en la reciente votación del Consejo de Universidades sobre la implementación gradual del sistema de créditos académicos. “Hay 62 universidades, además de la UBA, hay otras 61. Nosotros tenemos que gobernar todo el sistema, no solamente la UBA», dijo.
«Va a llegar un momento en que la UBA va a tener que aceptar que la Argentina tiene una Constitución», sentenció. Luego agregó: «Y tiene un sistema legal que tiene que acatar. No puede ser que tengamos la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior y la UBA, que tiene su propio sistema legal”.
Qué dicen los decretos publicados por el Gobierno
El primer decreto estableció la obligatoriedad para las universidades de utilizar los sistemas de compras Contrat.Ar y Compr.Ar, además de cumplir con los requisitos establecidos por la Oficina Nacional de Compras. Esto permitirá que cualquier persona pueda consultar las adquisiciones y contrataciones realizadas por estas instituciones.
El segundo decreto obligó a las universidades a emplear el sistema E-SIDIF, utilizado en la administración pública nacional para gestionar pagos, licitaciones y convenios. De esta forma, todos los gastos y transferencias de las universidades estarán sujetos al mismo nivel de seguimiento y control que el resto de los organismos públicos.
Otro cambio significativo fue la eliminación de los convenios interadministrativos entre el Estado y las universidades, medida que busca evitar prácticas poco transparentes. Algunos de estos acuerdos habían sido utilizados de manera inapropiada en el pasado, sin fines concretos claros ni mecanismos adecuados de control.
Un cuarto decreto reglamentario ajustará las normativas vigentes para garantizar la correcta implementación de estos cambios.