La okupación de bienes inmuebles es una infracción penal que genera una gran preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía. Por ello, el Gobierno municipal de Alcobendas mantiene un alto compromiso para prevenir y actuar contra la okupación ilegal de viviendas, que se concreta en la creación de un grupo de trabajo transversal en el que se atienden las incidencias en esta materia desde el punto de vista tanto policial como social.
La Policía Local utiliza todas las herramientas legales disponibles garantizando la seguridad y los derechos de sus vecinos. Como resultado de este esfuerzo, durante 2024 se han producido 83 desalojos de viviendas, 63 en 2023 y 64 en 2022.
El protocolo de actuación de la Policía Local, además de regular las actuaciones operativas, incluye también como eje estratégico actuaciones preventivas para disminuir los hechos delictivos relacionados con el uso ilegal de inmuebles. En este sentido, es fundamental la colaboración ciudadana.
Contactar con el 112, 902 o 091
Ante cualquier indicio que pueda desembocar en una okupación, es trascendental ponerlo en conocimiento de los cuerpos policiales en el menor tiempo posible llamando al 112, 092 o 091.
El concejal de Seguridad, Carlos Rodrigo, ha señalado que el Ayuntamiento no va a permitir “que se vulneren los derechos de nuestros vecinos. Nuestro plan integral contra la okupación combina prevención, actuación inmediata y apoyo a los afectados, siempre dentro del marco legal y coordinados con los juzgados y la Policía Nacional” y –añade– “los datos demuestran que nuestra estrategia funciona y prueba de ello es que en Alcobendas hemos logrado mantenerla bajo control”.
En septiembre de 2022, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción del Grupo Popular en la que exigía al Gobierno de la nación el endurecimiento del Código Penal ante la okupación. “Seguimos demandando al Gobierno central que cambie la ley para que el desalojo se produzca en 24 horas”, afirma el concejal.
Procedimiento innovador para agilizar los desalojos
En materia penal, La Policía Local de Alcobendas ha desarrollado un procedimiento de juicio inmediato innovador. Si un particular es víctima de okupación, se cita a ambas partes el último día de guardia del juzgado, en un plazo aproximado de una semana. Esto permite que el juez, si lo considera oportuno, ordene rápidamente el desalojo y la restitución del inmueble al propietario. En el año 2024, esta medida permitió resolver 14 casos con éxito.
La Policía Local colabora con la justicia dando acompañamiento y protección a la comisión judicial de los juzgados competentes cuando ordena los lanzamientos judiciales (desalojos ordenados por sentencia).
Apoyo a las víctimas y atención social
Las víctimas de una okupación ilegal en Alcobendas pueden acceder al Servicio de Atención a la Víctima (SAV), que ofrece asesoramiento jurídico y apoyo psicológico. Al mismo tiempo, las familias desalojadas reciben la atención de los servicios sociales municipales para garantizar un trato digno en todo este proceso.
Alarmas antiokupación
Para reforzar la prevención contra la okupación ilegal, la Policía cuenta también con un presupuesto anual para la instalación de alarmas en viviendas vulnerables. En 2024, se instalaron seis dispositivos de este tipo.
Carlos Rodrigo destaca que “gracias a la estrecha colaboración entre la Policía Local, Policía Nacional, los juzgados y los servicios municipales, estamos conteniendo los casos de okupación ilegal en nuestra ciudad. No bajaremos la guardia y seguiremos empleando todos los recursos a nuestro alcance para garantizar la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos”.
Servicios regionales frente a la ocupación ilegal
Para combatir la okupación ilegal de viviendas y ofrecer apoyo a las personas afectadas, la Comunidad de Madrid ha implementado diversas medidas.
En julio de 2022, se activó el servicio CECOM 112-Ocupación, accesible a través del número gratuito 900 205 112. Este servicio proporciona a los ciudadanos información sobre los aspectos jurídicos de la okupación ilegal y las opciones disponibles para defender la propiedad ante los tribunales. Además, facilita la actuación y la protección por parte de los cuerpos policiales y ofrece asistencia a través de las oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD). De esta manera, con una sola llamada, los perjudicados tienen a su disposición todos los recursos públicos disponibles de la Administración autonómica para hacer frente a este fenómeno de delitos contra la propiedad privada.