El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha calificado de “ridículo” que el Ministerio de Justicia cifre en 3,3 millones el coste total para Andalucía de la “transformación radical” de la Administración de Justicia que implica la Ley de Eficiencia, la comunidad con las competencias transferidas de mayor dimensión, casi equiparable a las de todas las que componen el llamado territorio Ministerio. Nieto ha explicado en el Pleno del Parlamento que solo la ampliación de plantilla necesario en los 70 partidos judiciales que deben adaptarse en la primera fase supone un coste anual de 3,5 millones de euros.
El sistema de Justicia andaluz tiene un volumen casi equivalente al de las comunidades que no tienen las competencias transferidas, el llamado territorio Ministerio. Cuenta con 85 partidos judiciales, 744 órganos unipersonales que se aglutinarán en tribunales de instancia, 700 juzgados de Paz que se transformarán en Oficinas Municipales de Justicia, casi 10.000 funcionarios, 550 fiscales y unos 700 Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
La Ley de Eficiencia obliga a adaptar 70 de los 85 partidos judiciales andaluces antes del 1 de julio, otros tres el 1 de octubre y los 12 con más órganos (los de las ocho capitales y grandes ciudades) a 31 de diciembre.
Para ello, la Consejería creará 80 plazas más para estos 70 partidos judiciales, con un coste anual de 3,5 millones de euros, a lo que hay que añadir la adaptación del sistema de gestión procesal en los partidos judiciales pequeños con juzgados mixtos (1,9 millones) y las obras necesarias en las infraestructuras para reordenar los espacios conforme al nuevo modelo de tribunal de instancia, órganos colegiados, y de Oficina Judicial común para cada tribunal en vez del sistema actual de órganos unipersonales integrados por su equipo de funcionarios.
También aumentará el gasto en el sistema de Justicia Gratuita para abonar a los abogados del turno de oficio su trabajo en procesos de mediación civil y mercantil, que desde el 3 de abril son obligatorios antes de poner una demanda, aunque no logren un acuerdo. Andalucía ya paga a estos profesionales hasta 400 euros por su asesoramiento en cualquier tipo de conflictos si logran un consenso entre las partes que evite un juicio y el año pasado se abonaron 72.400 euros por los 181 acuerdos que cerraron.
En total, el coste estimado para la primera fase de aplicación en Andalucía ronda los 60 millones de euros por lo que “cifrar el coste de aplicación en Andalucía -la comunidad más grande, con más funcionarios y que cubre el mayor territorio- en 3,3 millones es ridículo”. “Eso es lo que nos cuesta solo la nueva RPT de los 70 partidos judiciales de la primera fase y ante eso los sindicatos nos han dicho que es ridículo. Pues sí es ridículo 3,5 millones para esa RPT ¿cuánto de ridículo es 3,3 millones que dice el Ministerio para todo, por cierto sin poner un solo euro?”.
Nieto ha explicado a la Cámara andaluza que el Ministerio de Justicia se negó a incluir en el orden del día de “la primera Conferencia Sectorial convocada desde que se aprobó la Ley de Eficiencia”, prevista la semana pasada en Barcelona, los puntos solicitados por siete comunidades con las competencias transferidas, entre ellas Andalucía. Entre ellos, habían solicitado por escrito, conforme al reglamento de dicha Conferencia, abordar la cofinanciación de la puesta en marcha de una ley “aprobada por el Gobierno sin diálogo con las comunidades, sin mayoría parlamentaria amplia, sin alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales, judiciales, ni con el Consejo General del Poder Judicial”.
El orden del día de la Conferencia Sectorial solo incluía “un único punto, por supuesto sin votación, solamente informativo”. “Es una tomadura de pelo”, ha denunciado el consejero, tras lamentar que el Gobierno “no quiso escuchar a las comunidades y el resultado es que la Conferencia Sectorial no se pudo celebrar”.
A través de un mensaje en la red social X, el ministro aludió a 65,5 millones destinados a Andalucía para la reforma del sistema judicial si bien esos fondos llegaron en 2021 procedentes de la Unión Europea en el marco de la financiación extra para paliar los efectos de la crisis del COVID. Son recursos que nada tienen que ver con las reformas de la Ley de Eficiencia sino destinados a proyectos para la digitalización de la Justicia, como la implantación del sistema Dicireg en los Registros Civiles.