La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado hoy que el derecho de los ciudadanos a ser iguales ante la ley “es uno de los pilares básicos, si no el más importante, de una democracia liberal”. Díaz Ayuso ha firmado hoy un acuerdo con los colegios oficiales de abogados y procuradores de la región para reforzar la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio para las personas más vulnerables, con un aumento de la inversión hasta los 66,6 millones de euros en 2027, casi un +30% a lo largo de la Legislatura.
Este convenio es el primero a largo plazo en España rubricado entre una Administración Pública con las competencias en esta materia y todos los colegios profesionales en este ámbito que servirá “para reforzar la tutela judicial efectiva” fijado en el artículo 24.1 de la Carta Magna. En un acto celebrado en la Real Casa de Postas de la capital, la jefa del Ejecutivo autonómico ha firmado el documento con los decanos de los Ilustres Colegios de la Abogacía de Madrid (Eugenio Ribón), Abogados de Alcalá de Henares (Ángel Llamas) y Procuradores de Madrid (Alberto García).
El texto recoge iniciativas como una subida lineal de todos los baremos, siendo de un 4% este año y de un 3% de 2025 a 2027, once nuevos por actuaciones profesionales. También se aumentan las compensaciones económicas por las guardias especiales y se impulsarán actuaciones en materia de digitalización para optimizar la participación y la comunicación de ciudadanos y profesionales con la Administración de Justicia.
El año pasado 85.884 personas se beneficiaron de la asistencia jurídica gratuita, un 4,4% más que en 2022. Los expedientes registrados más numerosos estaban relacionados con el orden Penal (60%), Civil (24%), Contencioso Administrativo (8%) y Social (7%).
Facilitadores judiciales y representación procesal gratuitos
La presidenta madrileña ha subrayado que la Comunidad de Madrid es la primera región de España en poner en marcha el servicio público gratuito de facilitadores judiciales, para asegurar que todas las personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder a estos procesos en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos. Madrid es también la única CCAA que ha puesto en marcha el Servicio de Representación Procesal, para garantizar gratuitamente un procurador a las víctimas de violencia contra las mujeres y los delitos de odio.
Asimismo, ha destacado que el Gobierno regional invertirá en los próximos años 830 millones en esta materia, siendo la Ciudad de la Justicia la actuación más ambiciosa, con 653 millones que harán de este complejo el más grande, accesible y sostenible del mundo.
También ha recordado como desde 2019 se han inaugurado los palacios de justicia de San Lorenzo de El Escorial, Navalcarnero y Valdemoro, en pocos días entrará en funcionamiento la sede de Getafe y en marzo del próximo año la de Torrejón de Ardoz. A ello hay que sumar el inminente comienzo de construcción de los nuevos edificios de los juzgados de Collado Villalba y Móstoles, el inicio del proceso para los de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, y la ampliación de Arganda del Rey, junto con los 10 millones para la rehabilitación y reforma de las instalaciones en Leganés, Alcorcón, Colmenar Viejo, Coslada y Fuenlabrada.
También se ha referido al incremento de 1.350 funcionarios interinos en este ámbito “ante la falta de convocatoria de plazas del Ministerio de Justicia”, así como las de las plantillas en Fiscalía, Juzgados civiles de la capital, Instituto de Medicina Legal y Oficinas de Asistencia Víctimas de Delito, además de la mejora de las condiciones laborales de estos 7.200 trabajadores gracias al acuerdo firmado con todos los sindicatos.