Las comunidades del PP exigen a Sánchez el 50% de financiación de la dependencia

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Los gobiernos autonómicos del Partido Popular exigen al Gobierno central la financiación del 50% del coste efectivo de la dependencia. Esta reclamación la realizan tras analizar en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el anteproyecto de ley aprobado por el Ejecutivo para reformar las leyes de Dependencia y de Discapacidad.

 

Las comunidades del PP reclaman al Gobierno el compromiso de financiación del 50% del coste efectivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) antes de debatir cuestiones concretas del anteproyecto. Además, piden que se presente un calendario concreto para ello; así como una memoria económica real del anteproyecto de ley, comprobando que es suficiente para las reformas que plantea.

 

El Ejecutivo de Sánchez ha vuelto a plantear una ley sin recursos y sin comprometerse a cumplir el 50% de la financiación que le corresponde, dejando a las comunidades autónomas asfixiadas para hacer frente a las prestaciones y derechos del actual sistema.

 

Este anteproyecto de ley se ha hecho de espaldas a las comunidades, siendo ellas las que gestionan la dependencia y la discapacidad; y sin contar con el propio sector, generando duras críticas sobre esta reforma.

 

 

NUEVOS DERECHOS SIN RECURSOS

 

El Gobierno de Sánchez vuelve a poner en riesgo la sostenibilidad y la viabilidad del sistema con falsos “nuevos derechos”, que no van acompañados de los recursos para garantizarlos, cuando todavía están muy lejos de cofinanciar los que reconoce la actual norma; volviendo a generar falsas expectativas a las familias más vulnerables.

 

Implantar nuevas prestaciones a un sistema asfixiado lo pone en riesgo y puede llevarlo al borde del colapso.

 

Frente a la inacción del Ejecutivo de Sánchez, el Partido Popular se compromete a financiar el 50% del coste del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia cuando llegue al Gobierno de España, haciendo así frente a la responsabilidad estatal con respecto al gasto efectivo de la dependencia.