El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, preside el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha abordado el anteproyecto legislativo aprobado en febrero por el Consejo de Ministros para reformar las leyes de Dependencia y de Discapacidad. Este anteproyecto de ley fue presentado por Pablo Bustinduy como ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y presenta modificaciones normativas que, según el propio ministro, tienen como objetivo fomentar la autonomía de las personas en situación de dependencia y de las personas con discapacidad, así como personalizar sus cuidados y fomentar la permanencia en los hogares y en recursos cercanos de base comunitaria.
El ministro Bustinduy ha destacado que, en el ámbito de la dependencia, la reforma propone, entre otras cuestiones, el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho subjetivo, lo que supone la universalización de este servicio.
De esta forma, desde Derechos Sociales se quiere apostar por el consenso que existe en torno a la capacidad de la teleasistencia para prevenir la institucionalización de los cuidados y permitir que las personas permanezcan más tiempo en sus hogares. El anteproyecto de ley establece, por otro lado, el derecho de que las personas puedan decidir si desean permanecer o no en su hogar, y sobre las prestaciones y servicios que reciben.
Otro de los objetivos que Derechos Sociales persigue con esta reforma es la flexibilización y agilización de los trámites. Para ello el texto propone simplificar la revisión del Programa Individual de Atención y se establecen procedimientos de urgencia para situaciones de especial vulnerabilidad, como son los casos de enfermedades neurodegenerativas, demencias o violencia de género.
En el campo de la discapacidad, el anteproyecto de ley incluye simplificar los procesos, asimilando una discapacidad del 33% a las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia. El texto también reconoce derechos fundamentales para personas con discapacidad como la prohibición de cualquier tipo de discriminación a la hora de contratar seguros de salud y de vida. La reforma despliega, además, una batería de medidas para asegurar la accesibilidad como un derecho universal y para promover la accesibilidad en las viviendas. Entre estas últimas se encuentra la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras destinadas a la accesibilidad se consideran obligatorias en la comunidad de vecinos.
En el Consejo Territorial, Derechos Sociales ha celebrado el consenso que ha generado entre las Comunidades Autónomas este nuevo enfoque de la dependencia y la discapacidad, y ha recordado que este responde al mandato constitucional que surgió tras la reforma del artículo 49, que fija el deber de los poderes públicos de promover políticas que aseguren la accesibilidad; y también al mandato social que hubo a raíz de la pandemia de la COVID-19, a partir de la cual la ciudadanía demandó más cuidados de cercanía.
La financiación del Sistema de la Dependencia: aportación récord y PRTR
El Ministerio de Derechos Sociales y los gobiernos autonómicos también han coincidido en la necesidad de mejorar la financiación de la Dependencia para ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio con el menor tiempo posible de espera. Para ello, desde Derechos Sociales han subrayado la urgencia de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que incluyan las inversiones necesarias para seguir fortaleciendo este sistema.
De esta manera, desde Derechos Sociales se espera poder continuar el esfuerzo inversor realizado en los últimos años por el Gobierno de coalición, que ha incrementado un 150% la financiación en Dependencia desde 2020, haciendo posible que en el último año, en 2024, la aportación estatal al sistema se elevara hasta la cifra récord de 3.411 millones de euros. Esta cantidad, destaca Derechos Sociales, es el triple que lo que se invertía en el año 2014, cuando su aportación se limitaba a 1.130 millones de euros.
Por otro lado, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha resaltado también que se han transferido a los gobiernos autonómicos dos partidas adicionales procedentes de fondos europeos, concretamente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por un lado, 1.500 millones de euros que los gobiernos autonómicos deberán ejecutar en este 2025 y en 2026 para acometer obras de transformación en centros residenciales y su adaptación al nuevo modelo, y que tendrá un impacto en 90.000 plazas. Por otro lado, Derechos Sociales ha transferido 367 millones de euros para la instalación de equipamientos y tecnología que fomenten la autonomía personal, como es el caso de la teleasistencia, en todas las Comunidades Autónomas.
Además, durante este Consejo Territorial, desde Derechos Sociales se ha propuesto a las Comunidades Autónomas que utilicen el espacio fiscal que quedará liberado con la quita del 50% de la deuda autonómica para mejorar la financiación del Sistema de la Dependencia.
Trabajadoras, fondos para Servicios Sociales y Consejo Voluntariado
Durante el Consejo Territorial también se ha abordado la necesidad de hacer frente a otro desafío que presenta el Sistema de la Dependencia: el déficit de personas trabajadoras, una cuestión clave para el Ministerio que dirige Bustinduy, tal y como ha manifestado el propio ministro. Por ello, desde Derechos Sociales se ha expuesto las actuaciones que se están diseñando para facilitar la incorporación de nuevas trabajadoras al Sistema de la Dependencia, y ha anunciado que este mes activará un espacio de trabajo con los gobiernos autonómicos para trabajar conjuntamente sobre esta cuestión.
Por último, el Consejo Territorial ha abordado, además, la nueva asignación de fondos para los servicios sociales y la celebración del próximo Consejo Estatal del Voluntariado que, según se ha anunciado, se celebrará en Navarra.