CCOO urge al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a aprobar con urgencia los coeficientes reductores de la edad de jubilación de bomberos y bomberas forestales.
Una vez despejadas las dudas que se están generando por las distintas interpretaciones sobre cómo debe aplicarse la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2024, tras la reciente publicación del Criterio de Gestión 4/2025 del INSS, que prevé la próxima aprobación de los desarrollos reglamentarios necesarios, a través de un Real Decreto, para hacer efectivo el nuevo derecho reconocido a estos colectivos para la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación, desde CCOO en la reunión que se ha celebrado hoy con el Ministerio de Seguridad Social en la mesa de diálogo social, hemos trasladado la necesidad de resolver de manera eficaz, transparente y rápida el mandato que la Ley 5/2024 le traslada.
Este criterio de gestión pone más en evidencia, si cabe, la necesidad de aprobar lo antes posible el desarrollo reglamentario necesario y evitar ralentización alguna en la plena implementación de este derecho, sin necesidad alguna de agotar el plazo máximo de un año para su aprobación.
Tampoco es oportuno plantear nuevas interpretaciones sobre la naturaleza de la generación del derecho, que como es lógico no cabe otra posible aplicación que hacerlo sobre la vida laboral, ya transcurrida, de las personas afectadas.
Por ello, si es preciso que el nuevo Real decreto que se elabore, deba modificar técnicamente el R.D. 383/2008, exigimos que esto se haga con la mayor celeridad posible, sin esperar la finalización del plazo dado.
Este desarrollo reglamentario se ha de producir, igualmente, en el marco de la interlocución con las organizaciones sindicales, para aportar soluciones viables en el procedimiento de acreditación del tiempo de trabajo, pues a pesar de la heterogeneidad y modalidades de contrato laboral que pueden darse para este colectivo, todos han estado relacionados con las respectivas administraciones para realizar las labores recogidas en la Ley, lo que posibilita unificar criterios y evitar acciones individuales.