La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha elaborado una Guía sobre el protocolo frente a situaciones de acoso en la Administración de Justicia, donde siete de cada diez funcionarios son mujeres, y ha creado un canal de comunicación a través de correo electrónico, como buzón para denuncias anónimas ante situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación (comite.investigacion.ius@juntadeandalucia.es). En cada provincia se constituirá un Comité de Investigación Interna que deberá elaborar un informe en el plazo de dos meses desde que reciba la información y elevarlo a la Jefatura de Personal correspondiente, que tendrá diez días para emitir una resolución.
La tolerancia cero contra el acoso forma parte de los compromisos fijados en el I Plan de Igualdad de la Administración de Justicia de Andalucía 2024-2027, aprobado el año pasado por la Junta y suscrito con los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Justicia (CSIF, STAJ, SPJ-USO, UGT y CCOO), cuya Comisión de Seguimiento se reunió esta semana.
Para ello, se acordó elaborar un protocolo de actuación en casos de acoso y para difundirlo, se ha elaborado una guía disponible en el Portal Adriano de información para los profesionales del sector. En esta se informa de las situaciones que son constitutivas de acoso sexual, esto es, «cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo». La guía deja claro que «un único episodio no deseado puede ser constitutivo de acoso sexual».
Además, se informa del procedimiento a seguir para denunciar estos hechos e incluye los modelos de solicitud de investigación y de denuncia para su descarga.
En cada provincia se constituirá un Comité de Investigación Interna, órgano encargado de recibir la solicitud de intervención, decidir sobre su tramitación o archivo, realizar la investigación y elaborar un informe con las conclusiones y propuesta de las medidas a adoptar.
Cada Comité de Investigación estará compuesto por cuatro personas: dos en representación de la Administración de la Junta, preferentemente con experiencia o formación en prevención de riesgos laborales o en régimen jurídico, y dos delegados de prevención.
El Comité tendrá dos meses para elaborar su informe desde la fecha de su primera reunión (excepcionalmente podrá ampliar el plazo 15 días en casos de especial complejidad) y lo remitirá a la Jefatura de Personal correspondiente, que dictará una resolución en el plazo máximo de diez días hábiles desde que reciba el informe.
Además de la persona afectada, pueden presentar denuncia quienes tengan conocimiento de un posible caso de acoso, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la provincia donde preste sus servicios la presunta víctima, las Unidades responsables de Vigilancia de la Salud en los centros asistenciales del SAS, los delegados de prevención y los miembros de las Unidades de Igualdad de Género de la Consejería de Justicia.
La confidencialidad está garantiza tanto si se remite por carta como de forma telemática. Además, Junta y sindicatos acordaron también esta semana crear un canal de denuncias anónimas (comite.investigacion.ius@juntadeandalucia.es).
Movilidad de puesto sin merma económica para las víctimas
El Plan de Igualdad contempla también facilidades para la movilidad de puesto en casos de acoso sexual, violencia de género o discriminación por razón de sexo sin merma económica para las trabajadoras afectadas, tanto en las retribuciones básicas como en los complementos fijos o variables. La Comisión de Seguimiento dio el visto bueno al protocolo para la movilidad tanto en estos casos como por razones de salud laboral y acordó crear un grupo de trabajo, paritario entre la Administración y las organizaciones sindicales, para elaborar un protocolo para la protección de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.
Para que la maternidad o el cuidado de personas dependientes no suponga una merma en el salario o las posibilidades de promoción de las mujeres que trabajan en la Administración de Justicia, el Plan prevé que el tiempo de baja durante el embarazo y tras dar a luz compute como trabajo efectivo. Y, en aquellos puestos en los que se realicen guardias, se perciba también la remuneración de las que se habrían realizado durante la baja por maternidad o paternidad y los permisos de lactancia. Todo ello se aplicará a las personas funcionarias trans gestantes.
Además, las interinas que sean llamadas para cubrir vacantes o un contrato cuando se encuentren en las seis semanas de baja maternal obligatoria podrán solicitar el derecho a un puesto de trabajo en el primer llamamiento que se produzca una vez que estas circunstancias finalicen.
La Comisión de Seguimiento aprobó el protocolo que regulará la constitución de los tribunales y comisiones de valoración de los procesos selectivos de acceso libre y promoción interna y en los concursos de puestos de libre designación para garantizar la proporcionalidad de mujeres y hombres en todos estos órganos.
En materia de salud laboral, la Junta y los sindicatos han fijado un guía para la creación de salas de lactancia en los centros de trabajo con los requisitos técnicos que deberán cumplir las instalaciones que se habiliten en el futuro.
Toda la información sobre las medidas del Plan de Igualdad, así como novedades, investigaciones y estudios que se realicen en la materia se difundirán en un apartado específico creado en el Portal Adriano (https://portaladriano.justicia.junta-andalucia.es/portal/adriano/personaladmon/Portal-Igualdad/).