La delegación de competencias sobre migraciones a Catalunya debe garantizar la igualdad de trato.
La igualdad de trato y de derechos para las personas migrantes debe estar garantizada, al margen de la Administración pública que gestione las materias migratorias. Ante la presentación conjunta del Grupo Parlamentario Socialista y del de Junts a la Mesa del Congreso de las y los Diputados de la proposición de ley orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Catalunya de competencias estatales en materia de inmigración, desde CCOO nos mostramos cautelosos en su valoración, a la espera del desarrollo parlamentario de la propuesta.
Cabe recordar que, a pesar de presentarse como un logro reciente, lo cierto es que Catalunya ya tiene competencias migratorias establecidas en su Estatuto de Autonomía – al igual que otras comunidades -, si bien es cierto que es la única que las ha asumido y las ejerce en materia de primera acogida e integración y – en desarrollo de ello – en la tramitación de solicitudes iniciales de autorizaciones a personas extranjeras para trabajar en España.
Acercar la administración a la ciudadanía siempre es positivo, máxime cuando la realidad migratoria en España es asimétrica, con trayectorias y contextos migratorios diferenciados en función de cada comunidad autónoma. Pero la eficiencia de esta proximidad de la gestión no se producirá sin un adecuado dimensionamiento de la administración en materia de migraciones, con un incremento notorio y sostenido de medios materiales y humanos que permitan, además una gestión digna y conforme a un Estado social y democrático de derecho, la garantía de los derechos de las personas extranjeras y de los derechos laborales de las personas que trabajan en los servicios de gestión migratoria, no sólo en Catalunya sino en todo el Estado.
Desde CCOO alertamos también de que los términos de la delegación de competencias propuesto, con el control constitucional del Gobierno de España previsto en el artículo 153 CE, debe en garantizar la coherencia con las políticas estatales sobre desarrollo de las competencias delegadas, así como asegurar que no se producen diferencias de ningún tipo en los criterios para la tramitación y resolución de los procedimientos administrativos objeto de delegacion, para garantizar, así, la igualdad de trato en el acceso a derechos de las personas migrantes. El ámbito de extranjería se ha caracterizado siempre por marcos de inseguridad jurídica y discrecionalidad administrativa al albur de las interpretaciones diversas de un mismo marco jurídico.
Por último, CCOO llamamos a la responsabilidad política en el tratamiento de una cuestión tan sensible y que tan fácilmente utiliza la extrema derecha para alimentar discursos de odio. Es llamativo que la propuesta de traspaso de competencias se centre en los aspectos securitarios de las migraciones – procedimientos de rechazo y retorno de personas extranjeras, gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros, papel de los Mossos d’Esquadra -, que en los aspectos relacionados con los derechos de las personas extranjeras y su integración en plano de igualdad.