Judith González Santana y Carmen Grau Pineda examinan el funcionamiento de los Planes de Garantía Juvenil para generar empleo entre menores de 30 años
La doctoranda Judith González Santana y la profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Carmen Grau Pineda, firman en la plataforma de divulgación The Conversation el artículo “Los retos del empleo juvenil en España”, en el que examinan la situación del desempleo entre los menores de 30 años y las políticas públicas orientadas a favorecer su inserción laboral.
El colectivo juvenil es uno de los más vulnerables en el mercado de trabajo en España, ya que, como explican las autoras, “se enfrentan a dificultades para acceder y permanecer en un mercado laboral donde las condiciones de trabajo son precarias y no se ajustan a sus expectativas”. Este problema no es actual sino que tiene un carácter histórico, pero se agudizó de forma dramática con la crisis de 2008 y la que sobrevino con la pandemia de Covid-19. Las cifras hablan por sí solas: “después de la crisis de 2008, la tasa de paro juvenil se mantuvo elevada varios años, alcanzando cifras máximas de aproximadamente 58 % (16-24 años) y 40 % (16-29 años)”.
Tras alcanzar estos máximos, el desempleo inició un lento descenso, sólo para verse golpeado de nuevo por la pandemia, que incrementó el paro juvenil: “en 2020 llegó al 40,5 % para los menores de 25 y al 31,4 % para los menores de 30. Una tasa mucho más alta que la tasa de desempleo de la población total, que se fijaba en un 16,13 %”.
Ante este panorama, la Unión Europea ha centrado su respuesta en el establecimiento del programa de Garantía Juvenil, “dirigido a combatir el alto desempleo y los problemas vinculados con los ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan”. Las autoras explican que “este grupo suponía un alto porcentaje de las personas jóvenes, especialmente vulnerables dadas sus características y mayores probabilidades de cronificarse en dicha situación”.
Siguiendo la normativa europea, el Gobierno de España aprobó una versión reforzada con el Plan de Garantía Juvenil Plus (PGJ+), un plan que “incluye acciones prioritarias y especiales para los más vulnerables o con mayores dificultades. [Y cuya] finalidad primordial es mejorar la empleabilidad de los jóvenes. El plan busca mejorar su cualificación dotándoles de las habilidades y competencias profesionales que les garanticen el acceso a un empleo digno y de calidad o les permitan desarrollar sus propios emprendimientos”.
Para lograr estos objetivos, el PGJ+ se estructura en seis ejes: “orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad en la oferta de oportunidades, emprendimiento, y refuerzo del marco institucional”, dando a cada inscrito un plan individualizado en el que se estudia su perfil educativo y profesional para ofrecerle una solución específica.
Según los datos del SEPE, hasta abril de 2024 había más de 2’4 millones de personas inscritas, de las que 1’42 millones habían recibido atención en ese año. Poco más de 700.000 lograron acceder a una contratación. Sin embargo, el SEPE no detalla “el tipo de contrato obtenido ni el tiempo transcurrido desde la inscripción en el plan hasta su obtención”, datos que las autoras consideran valiosos para evaluar la efectividad del PGJ+.
González Santana y Grau Pineda consideran que “aunque los datos muestren una tendencia favorable, la tasa de desempleo juvenil continúa siendo elevada en España”, con el impacto social y económico que conlleva, así como los condicionantes que impone esta situación en las posibilidades de crecimiento profesional, personal y familiar de las personas jóvenes en nuestro país.
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