Bruselas, 5 de marzo – El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPB) ha puesto en marcha su acción del Marco Coordinado de Aplicación (MCE) para 2025. Tras una acción coordinada de un año de duración sobre el derecho de acceso en 2024, el MCE se centrará este año en la aplicación de otro derecho de protección de datos, a saber, el derecho a la supresión o el «derecho al olvido» (artículo 17 del RGPD).
El Comité seleccionó este tema durante su pleno de octubre de 2024, ya que es uno de los derechos del RGPD que se ejercen con mayor frecuencia y sobre el que las APD reciben con frecuencia reclamaciones de particulares.
Próximos pasos
Durante 2025, 32 autoridades de protección de datos (APD) de toda Europa participarán en esta iniciativa.
Las APD participantes se pondrán pronto en contacto con una serie de controladores de diferentes sectores de toda Europa, ya sea abriendo nuevas investigaciones formales o realizando ejercicios de investigación. En este último caso, también podrían decidir emprender acciones de seguimiento adicionales si fuera necesario.
Las APD comprobarán la forma en que los responsables del tratamiento tramitan y responden a las solicitudes de supresión que reciben y, en particular, cómo aplican las condiciones y excepciones para el ejercicio de este derecho.
Las APD también se mantendrán en estrecho contacto para compartir y discutir sus hallazgos a lo largo de este año. Los resultados de estas acciones nacionales se agregarán y analizarán conjuntamente para generar una visión más profunda del tema, lo que permitirá un seguimiento específico tanto a nivel nacional como de la UE.
Antecedentes
El MCE es una acción clave del CEPD en el marco de su estrategia 2024-2027, destinada a racionalizar el cumplimiento y la cooperación entre las APD.
En los últimos tres años, se han llevado a cabo tres acciones anteriores del MCE sobre diferentes temas: 1) el uso de servicios basados en la nube por parte del sector público, 2) la designación y el cargo de responsables de la protección de datos , y 3) la aplicación del derecho de acceso por parte de los responsables del tratamiento.