En plena ola reaccionaria y negacionista de las políticas de Igualdad, el Gobierno de España ha presentado un informe que demuestra el impacto positivo de las medidas tomadas en esta área en los últimos años en España. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros de este martes que ”la igualdad como modelo social es competitivo” y que “las políticas de Igualdad son rentables social, democrática y económicamente”.
Iniciativas como las reiteradas subidas del SMI y de las pensiones, los permisos de paternidad y maternidad, los planes de igualdad que se exigen a las empresas o el récord absoluto de mujeres cotizando en la Seguridad han ayudado a que España sea uno de los países europeos que más han reducido las brechas retributivas de género. Pero también, estas políticas están siendo claves en el hecho de que nuestro país se haya convertido en la locomotora Europa. España lidera y sigue siendo referente en igualdad frente a la “motosierra del negacionismo”
La titular de Igualdad considera imprescindible la Ley Integral contra la Violencia de Género, que acaba de cumplir 20 años, y el consenso en torno a la renovación del Pacto de Estado. Para Redondo, la aplicación de este tipo de medidas ha permitido que pasemos de 74 mujeres asesinadas en 2003 a 48 en 2024. “Cada asesinato de una mujer es un fracaso colectivo y nos apela como democracia, ha defendido la ministra, pero “sabemos cómo reducirlas” y nos encaminamos “hacia una sociedad sin violencia de género”.
Por su parte, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha presentado el Anteproyecto de Ley que se enmarca dentro del Plan de Acción por la Democracia. Con él se incorporará a la legislación española los reglamentos europeos relativos a los derechos digitales de la ciudadanía, ámbito en el que España es pionera en la Unión Europea aprobando la primera carta de derechos digitales del continente y que sirvió de inspiración para que las instituciones europeas redactaran la suya propia.
Este “escudo” servirá para proteger los derechos humanos y digitales de los españoles bajo el paraguas constitucional que establece que los españoles tienen derecho a comunicar y recibir información veraz.