La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y el presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, han firmado un protocolo de colaboración para fomentar e impulsar la Formación Profesional en Andalucía, contribuyendo así a la mejora de la empleabilidad de los jóvenes dentro del sector TIC y de la competitividad de la economía digital en Andalucía.
La firma de este protocolo permitirá que un total de 224 alumnos que en este curso están matriculados en la familia profesional de Informática y Comunicaciones completarán su formación en la Agencia Digital de Andalucía. En concreto, de los ciclos formativos de grado Básico de Informática de Oficina e Informática y Comunicaciones, grado Medio de Sistemas Microinformática y Redes, y los de grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Desarrollo Aplicaciones Web. También participará en esta acción formativa el alumnado de los cursos de especialización de grado Superior de Desarrollo de videojuegos y realidad virtual, Ciberseguridad en Entornos de las Tecnología de la Información e Inteligencia Artificial y Big Data.
Castillo ha destacado que esta iniciativa evidencia «una vez más la apuesta firme» de la Junta por fortalecer la nueva Formación Profesional andaluza, que para este curso ha ofertado un total de 167.907 plazas de nuevo ingreso sostenidas con fondos públicos, de las que 2.049 son de nueva creación. Además, se ha reforzado la plantilla de estas enseñanzas con 690 docentes más. Igualmente, la consejera de Desarrollo Educativo ha señalado que con la nueva normativa no solo es necesaria la colaboración con las empresas privadas, sino también la de los organismos públicos, como es el caso de la Agencia Digital de Andalucía, con el objetivo final de ofrecer la mejor formación al alumnado de estas enseñanzas.
En su intervención, María del Carmen Castillo ha señalado que la implantación de la nueva FP, que a partir de este curso pasa a impartirse en Dual para cumplir con la normativa estatal, supone un cambio conceptual de estas enseñanzas en el que «las empresas y la administración desarrollan un papel crucial para alcanzar el éxito». De ahí que sea «necesario» establecer vínculos de colaboración con todos para promover una mayor participación de los sectores productivos. Asimismo, la consejera ha subrayado que la FP «es una herramienta clave» para hacer frente a un entorno laboral cambiante como el actual, dado que estas enseñanzas forman a trabajadores y trabajadoras especializados, actualizados y flexibles con la realidad productiva. Castillo ha incidido también en que «la FP son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de trabajo, y dan respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos sectores».
Mejorar la empleabilidad
Por su parte, Antonio Sanz ha destacado que «estaremos ofreciendo a los alumnos el banco de pruebas necesario en los centros de trabajo tecnológicos para mejorar la empleabilidad de las personas en formación». Así, ha señalado que «la Junta no es ajena a la nueva realidad laboral que se impone a corto y medio plazo como consecuencia de la digitalización de la sociedad. Necesitamos formar a los jóvenes andaluces en los nuevos hábitos y formas de trabajo que ha supuesto la incorporación de la tecnología a nuestra vida diaria. Necesitamos que los jóvenes andaluces adquieran la formación y las competencias profesionales necesarias para el desempeño cualificado de sus funciones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Y este protocolo que hoy firmamos se alinea con ese objetivo», ha explicado.
Gracias a esta alianza entre ambas consejerías, la Junta de Andalucía contribuye a formar a futuros profesionales que respondan a las necesidades reales del mercado laboral en un sector de actividad tan exigente como el de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y estrategias digitales. «En un curso clave para la FP andaluza, contribuimos con este acuerdo a la mejora de la formación del alumnado, facilitando que se lleve a cabo una formación práctica actualizada y relacionada con la actividad propia del sector productivo, de tal manera que puedan alcanzar una competencia profesional con vistas a su futura incorporación al mundo laboral o empresarial», ha afirmado Antonio Sanz.
En palabras del consejero, con este protocolo se establece «un puente entre la enseñanza y el sistema productivo, entre los centros docentes y las empresas». «Una simbiosis que reportará grandes ventajas, toda vez que se favorecerá la cualificación de perfiles profesionales relacionados con el ámbito de las tecnologías y las estrategias digitales y, al mismo tiempo, nos permitirá adecuar la oferta formativa de la enseñanza a partir de la identificación de las necesidades y perfiles profesionales más demandados por los sectores productivos», ha concluido.
El protocolo recoge distintas líneas de actuación como la promoción de plazas para el desarrollo de la fase de formación en empresas u organismos equiparados, así como el impulso de las relaciones entre la ADA y la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con el fin de conocer las necesidades de perfiles formativos que precisan los sectores productivos para formar a futuros profesionales que respondan a esas necesidades. Además, incluye la realización de actuaciones conjuntas que permitan incrementar el número de alumnos y alumnas que cursan estas enseñanzas, con el propósito de procurar una mejor inserción laboral, adecuar la oferta formativa a la demanda del mercado laboral y potenciar la autonomía de las personas, mediante el desarrollo de competencias profesionales a lo largo de toda su vida.
Del total de plazas, ocho serán para el área de la ciberseguridad, 159 plazas en las delegaciones provinciales y 57 en la red de Puntos Vuela, centros que acercan la digitalización y la tecnología a los municipios de menos de 20.000 habitantes y a las barriadas vulnerables.