El Gobierno obliga a la Comunidad Autónoma a crear un canal externo de denuncias para eludir el recurso ante el Tribunal Constitucional

El Gobierno de España obliga a la Comunidad Autónoma a establecer un canal de denuncias que garantice el mantenimiento de las funciones que desempeñaba la Oficina Anticorrupción, para eludir un posible recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de creación del registro de transparencia y control del patrimonio y de las actividades de los cargos públicos de Balears, aprobada en 2024 y que suprimía este órgano.

Así, pues, y para evitar dicho recurso ante el Tribunal Constitucional, la Comunidad Autónoma deberá establecer un control externo que posibilite” la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”, según el acuerdo alcanzado por ambas administraciones en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación, donde tratan de dirimirse los conflictos competenciales.

Dicho órgano también ha resuelto la modificación de varios apartados de otras tres disposiciones legislativas autonómicas sobre cuyo contenido el Gobierno español halló indicios de posible inconstitucionalidad. Se trata de la Ley de medidas urgentes en materia de vivienda; del Decreto por el cual se regulan determinados aspectos de la actividad sanitaria urgente y emergente en Illes Balears, y del Decreto-ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de Illes Balears. En todas estas normativas se han detectado aspectos de su contenido que podían extralimitar las competencias del Govern balear, por lo que se ha procedido a señalar su modificación.

El delegado del Gobierno en Illes Balears, Alfonso Rodríguez Badal, ha señalado que el Ejecutivo ha manifestado en diversas ocasiones que “está radicalmente en contra” de medidas como el cierre de la Oficina Anticorrupción, que ha denunciado como “un ejemplo de falta de transparencia y de ataque a los valores democráticos”. Rodríguez Badal ha aclarado que “el hecho de que la Abogacía del Estado no encuentre visos de inconstitucionalidad no significa que el Gobierno comparta y respalde decisiones de competencia autonómica, como la supresión de la Oficina Anticorrupción o como la amnistía urbanística, con las que no está en absoluto de acuerdo”.