El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha inaugurado hoy el X Encuentro de Financiación Inmobiliaria de Madrid (EFIMAD), un evento clave para el sector, organizado por CaixaBank y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA).
Lucas alertó sobre la falta de aplicación de avances clave en la Ley de Vivienda, especialmente en lo relacionado con las medidas fiscales. Aunque se han establecido bonificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las zonas de mercado tensionado, advirtió que la no declaración de estas zonas por parte de algunas comunidades autónomas está bloqueando el acceso a estos beneficios y a la rebaja de precios de los alquileres. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, Lucas destacó que alrededor de 500.000 inquilinos y otros tantos pequeños propietarios podrían beneficiarse de la rebaja de precios y el acceso a la vivienda que se facilitaría con estas bonificaciones si se aplicaran correctamente.
Asimismo, el secretario de Estado ha recordado que una de las medias anunciadas por el presidente del Gobierno es extender las bonificaciones fiscales no solo a las zonas de mercado tensionado, sino también a otras áreas que aún no han sido declaradas como tales.
También recordó que el presidente del Gobierno presentó recientemente un conjunto de medidas para impulsar la vivienda, destacando en su intervención de hoy la creación de una nueva empresa pública de vivienda y suelo, que gestionará los recursos residenciales del Estado y colaborará con administraciones y el sector privado para facilitar el acceso a la vivienda. Además, ya se está avanzando en el nuevo PERTE de industrialización de la construcción, orientado a mejorar la eficiencia y reducir los plazos de edificación, adaptándose a las nuevas demandas sociales.
Por otro lado, otra de las acciones del gobierno es evitar la conversión de viviendas residenciales en viviendas turísticas. “Hemos insistido con las entidades locales y comunidades autónomas para que actúen frente a este problema, no solo para proteger el acceso a la vivienda, sino también para evitar los conflictos vecinales que esta conversión genera en muchas comunidades de propietarios”.
Para abordar esta cuestión, se ha aprobado una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que sean las comunidades de propietarios quienes decidan si permiten o no el uso de viviendas para fines turísticos dentro de sus edificios. A su vez, se está avanzando en el establecimiento de un marco regulatorio más claro. De hecho, recientemente, se ha aprobado un Real Decreto del Gobierno por el que se crea un registro y ventanilla única de viviendas turísticas y de temporada. Con ellos se facilita un control más efectivo de estas propiedades, lo que contribuirá a limitar el número de viviendas turísticas, prevenir el fraude y ordenar el sector. Además, se están implementando medidas fiscales para que estas actividades tributen correctamente garantizando que se reconozcan como actividades económicas.
La importancia de la colaboración público-privada
En su intervención, Lucas también ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para abordar los desafíos de la vivienda en España y ha detallado los avances realizados por el Gobierno de España en esta materia.
“Desde el Gobierno de España, hemos planteado diferentes acciones y propuestas, tanto normativas como en términos de financiación y planificación. El objetivo siempre ha sido garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada para todos los españoles. Este esfuerzo, que no es nuevo, se refleja en medidas como la Ley de Vivienda, la Ley de Rehabilitación y la Ley de Calidad de la Arquitectura, que buscan dar respuestas reales a las necesidades habitacionales del país”, afirmó Lucas.
Una de las principales iniciativas del Ejecutivo ha sido el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, en fase de finalización, y que ya da paso a la planificación de un nuevo plan para el período 2026-2030. Lucas ha resaltado que este plan, junto con otros mecanismos de colaboración público-privada, ha permitido la construcción y rehabilitación de miles de viviendas, con especial atención a los colectivos más vulnerables.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con una inversión de 5.500 millones de euros, ha sido otro ejemplo destacado de la cooperación entre los diferentes niveles de administración y el sector privado. De esta cantidad, 3.000 millones han sido destinados a la rehabilitación de viviendas y barrios vulnerables, mientras que 1.000 millones se han destinado a la construcción de viviendas de eficiencia energética.
Uno de los avances más relevantes mencionados por el secretario de Estado ha sido el impulso a la financiación pública a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En 2024, el ICO destinó con 4.000 millones de euros en créditos y 2.000 millones de avales que permitirán financiar más viviendas que las impulsadas en los últimos 35 años.
Además, se está desarrollando un Plan de Vivienda para Alquiler Asequible, que incluye mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el sector privado. La colaboración público-privada se ha materializado también en la movilización de suelos estatales para la construcción de más de 3.700 viviendas en la ciudad de Madrid, como es el caso de la operación Campamento.
Lucas puso sobre la mesa que “no solo debemos fomentar la generación de suelo, crear instrumentos de financiación y desarrollar planes de urbanismo, sino también hacer posible que la construcción sea lo más rápida posible y, sobre todo, que el proceso de puesta a disposición de las viviendas se acelere”.
En este sentido, recordó que el Gobierno ha tomado medidas no solo en el ámbito de la planificación y la normativa, sino también en el de la seguridad jurídica. A pesar de que se ha hablado mucho sobre la ocupación ilegal, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los niveles de ocupación ilegal se encuentran actualmente en sus cifras más bajas en años.
Durante el evento EFIMAD, también se resaltó la colaboración público-privada con entidades como CaixaBank para financiar proyectos que impulsen la construcción de viviendas.