Andalucía contará con un Plan Estratégico de Justicia por primera vez desde que asumió las competencias en la materia hace 28 años, una hoja de ruta que fijará las actuaciones necesarias en materia de infraestructuras, digitalización, personal, humanización del servicio al ciudadano y sostenibilidad diseñada. Un plan que se diseñará «entre todos» los que trabajan en «uno de los grandes servicios públicos que requiere la democracia» en vez de adoptar medidas por «parcelas y de forma aislada». Para ello, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha reunido a un centenar de profesionales de todos los ámbitos de la Justicia que han trabajado juntos en diferentes grupos para debatir, analizar y recoger propuestas que formarán parte del documento.
El objetivo es crear un modelo de Justicia para Andalucía acorde al siglo XXI, ágil y eficaz para consolidar a una Andalucía líder, ya que la clave del desarrollo económico es garantizar la seguridad jurídica. Para ello, la inversión global prevista va a superar los dos mil millones de euros en los próximos años. El punto de partida es el diagnóstico de la situación de partida que ha realizado la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública analizando datos cuantitativos y cualitativos a partir de estadísticas oficiales, visitas in situ a los 85 partidos judiciales y 156 sedes que existen en Andalucía y encuestas realizadas a los distintos operadores jurídicos.
Para completar ese diagnóstico y marcar las necesidades prioritarias, la Consejería ha organizado unas jornadas participativas con jueces, fiscales, LAJ, funcionarios, forenses, sindicatos, colegios profesionales y personal de apoyo de los servicios de Justicia (psicólogos, trabajadores sociales…) que reúnen en Sevilla a quienes trabajan en los juzgados de Andalucía Occidental y el viernes en Granada a los profesionales de las provincias orientales.
Durante la inauguración, el consejero José Antonio Nieto ha explicado que las comunidades donde mejor funciona el servicio de Justicia son aquellas que cuentan con una planificación que, en Andalucía, no se ha hecho nunca pese a que tiene las competencias transferidas desde 1997. Ha incidido en «la complejidad» que entraña gestionar la Administración de Justicia «por la cantidad de operadores jurídicos que interactúan y tienen que ser un engranaje perfecto para que el servicio funcione». Operadores que trabajan juntos pero que dependen de distintas administraciones.
En este sentido, la Junta actúa como administración prestacional, responsable de garantizar los medios materiales y humanos de los órganos judiciales cuya creación depende del Estado, dirigidos por jueces nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y coordinados por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) dependientes del Gobierno central. A ellos se unen los fiscales, así como abogados, procuradores, graduados sociales y demás profesionales liberales.
Para Nieto «no podemos trabajar en parcelas y de manera aislada» por lo que ha instado a las participantes a aprovechar estas jornadas para «hablar de lo de todos, no de lo de cada uno» y no olvidar que el objetivo final es mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía con medidas acordadas y planificadas que permitan que «en 2030 Andalucía cuente con una Administración de Justicia mejor que la que nos encontramos en 2022».
Más de 2.000 millones de euros
En este sentido, ha avanzado que la Junta va a movilizar en este tiempo más de 2.000 millones de euros, «una inversión sin precedentes en Justicia». Todo ello en un Plan que tendrá cinco grandes ejes de actuación.
El primero de ellos es el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, presentado el año pasado, que prevé completar la red de Ciudades de la Justicia en las ocho capitales y actuaciones en el 100% de los partidos judiciales para acabar con la dispersión actual y reducir las 156 sedes actuales a 91.
El segundo es un Plan de Digitalización para pasar de la Justicia del papel a la Justicia del dato, que también ha comenzado ya con la implantación del nuevo sistema de gestión procesal @adriano en todos los juzgados y continuará con el despliegue completo del Expediente Judicial Electrónico. Nieto ha puesto como ejemplo que el año pasado los juzgados andaluces gastaron más de 8 millones euros en papel, casi la inversión realizada para construir la nueva sede judicial de Lucena (Córdoba). «Tenemos herramientas para bajar casi al 100%» ese coste», ha asegurado.
El tercer eje de trabajo es la ordenación de los recursos humanos, que son el «elemento clave» para mejorar la eficiencia. Según Nieto, es uno de los aspectos más complejos precisamente por el hecho de que cada uno de los agentes que trabajan en los juzgados depende de instancias distintas si bien también ha recordado que la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ya apuesta por flexibilizar las estructuras y evitar los compartimentos estancos, con tribunales de instancia en vez de juzgados unipersonales, servicios comunes y funcionarios no adscritos a un órgano concreto. En este sentido ha señalado a la necesidad de equilibrar el respeto a los derechos laborales y al desarrollo profesional con la eficiencia y la calidad del servicio.
Nieto ha hecho hincapié en que el cuarto eje de trabajo es la humanización de la Justicia, con especial atención a los más vulnerables. El consejero ha lamentado que «siempre se quedaba fuera» pese a que el fin último es la atención a ciudadanos que, cuando llegan a los juzgados «se encuentran en una situación compleja». En este ámbito, ha apuntado a la eliminación de barreras arquitectónicas y sensoriales, pero también de comprensión, así como a la apuesta por la mediación como vía alternativa de resolución de conflictos basada en el acuerdo y el diálogo frente al exceso de litigiosidad.
Por último, se ha referido al quinto eje para diseñar un modelo de Justicia sostenible desde el punto de vista medioambiental, reduciendo el consumo de papel y también el gasto energético, con la instalación de placas fotovoltaicas o sensores para el encendido y apagado automático de las luces en los juzgados. El objetivo es reducir un 60% el coste actual en consumo energético, que supera los 10 millones anuales. «Podríamos haber ahorrado otros 6 millones de euros», ha añadido.
Nieto ha concluido instando a los participantes a «hacer un ejercicio común de aportar soluciones» para que Andalucía sea también líder en Justicia en plena transformación del sistema con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia.
Tras la intervención del consejero y la presentación del diagnóstico, los más de 90 profesionales se ha dividido en cuatro grupos distintos para analizar las carencias actuales en los diferentes ejes que van a conformar el Plan y realizar propuestas. Estas serán luego analizadas en otros cuatro grupos en los que los diferentes operadores expondrán sus puntos de vista en función de sus competencias y áreas de trabajo dentro de la Justicia, pero con el fin de «analizar el sistema con el punto de mira puesto en prestar un mejor servicio al ciudadano y no solo los problemas concretos de cada sector».