Bustinduy recibe el apoyo de las asociaciones de consumidores por su sanción a aerolíneas low cost y asegura que “ninguna empresa, por poderosa que sea, puede saltarse la ley”


Reunión entre el Ministerio de Consumo y el CCU

El ministro de Derechos Sociales y Consumo ha recibido este miércoles a responsables del Consejo de Consumidores y Usuarios, que ha apoyado, con una declaración institucional, las sanciones que impuso a cinco aerolíneas low cost por prácticas abusivas

Madrid, 05 de febrero de 2025.– Este miércoles, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha reunido con responsables del CCU (Consejo de Consumidores y Usuarios) en la sede del ministerio que dirige. Durante el encuentro, Ana Caballero, presidenta del CCU, ha trasladado el apoyo del Consejo a las órdenes que Pablo Bustinduy firmó el pasado mes de noviembre para imponer sanciones a cinco aerolíneas low cost (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norgewian y Volotea) por prácticas abusivas para las personas consumidoras como cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes. A través de una declaración institucional, el CCU ha expresado su apoyo unánime a estas sanciones, que suman un importe total cercano a los 179 millones de euros, “por los reiterados incumplimientos de diferentes normas en materia de protección de los usuarios del transporte aéreo”, dicen en el documento, y recuerdan que estos incumplimientos han sido denunciados en múltiples ocasiones por las asociaciones de consumidores, al considerar que suponen “cláusulas abusivas” para los viajeros que causan “graves desequilibrios en favor de las compañías”.

El CCU es el órgano de consulta y de representación institucional que integra a las principales asociaciones de consumidores y, en su declaración, insta también a las autoridades nacionales o europeas, a “mantenerse firmes en la defensa de esta postura”, ya que, señalan, son las responsables de la aplicación de normas de protección a las personas consumidoras. El CCU dice, además, confiar en que la Comisión Europea acepte los argumentos que Consumo proporcione a través del procedimiento EU pilot para “disipar” cualquier duda que pueda haber.

Por último, el CCU hace alusión en su declaración a las descalificaciones que el CEO de Ryanair, una de las aerolíneas sancionadas, ha vertido sobre el ministro Bustinduy en la última semana, rechazando “cualquier manifestación de desprestigio personal”. El Consejo de Consumidores y Usuarios dice rechazar también amenazas como una posible subida de precios por parte de esta compañía de los billetes a los pasajeros, en caso de no retirarse la multa. A este respecto, y en atención a medios antes de la reunión, Pablo Bustinduy ha declarado: “Ojalá el presidente de Ryanair dedicase a cumplir la ley la mitad del tiempo que dedica a insultarme. Sería más productivo para todas las partes”.

El ministro de Derechos Sociales y Consumo ha agradecido, además, el apoyo de las asociaciones de consumidores y el trabajo que hacen, “sin el cual las sanciones a las aerolíneas no habrían sido posible”, ha enfatizado haciendo referencia a todas las denuncias que han hecho al respecto durante años. Bustinduy ha destacado también la labor de los técnicos de Consumo y ha reiterado su compromiso de defender siempre los derechos de las personas consumidoras “frente a las prácticas abusivas de las empresas y los caprichos de los multimillonarios”, ha dicho. Así mismo, ha querido dejar claro que “ninguna empresa, por grande y poderosa que sea, puede saltarse la ley” y que “ni las presiones ni los insultos van a mover un milímetro la acción de este Gobierno”.

Por su parte, Ana Caballero ha asegurado que las sanciones a estas aerolíneas representan “un paso firme y necesario para garantizar la protección de los derechos de las personas consumidoras” y ha criticado las descalificaciones del CEO de Ryanair hacia el ministro Bustinduy: “Este comportamiento es inaceptable y constituye una forma de presión que atenta contra la integridad de las instituciones democráticas y el derecho de los consumidores a un mercado justo y competitivo”. La presidenta del CCU ha dicho también que esperan que la acción del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo en España “sirva como referencia para que otros países lleven a cabo medidas similares”.

El CCU cuenta con implantación estatal, y ostenta la representación institucional de las organizaciones de consumidores y usuarios ante la Administración General del Estado u otras entidades y organismos. Este organismo de representación está formado por las asociaciones más representativas: ADICAE, ASUFIN, AUC, CECU, FACUA, FUCI, HISPACOOP, OCU y UNAE.
 

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