En los últimos años, el debate sobre la intervención estatal en el sector ganadero ha resurgido con fuerza, especialmente en el contexto de los fondos de inversión ganadera que enfrentan pérdidas significativas. La pregunta que se plantea es: ¿Debe el Estado hacerse cargo de las pérdidas de estas empresas?
Los fondos de inversión en el sector ganadero han colocado en el tapete la discusión sobre la responsabilidad del Estado. La idea de rescatar a inversionistas afectados por la volatilidad del mercado agrícola genera controversia. Hay quienes argumentan que el Estado no debe actuar como una red de seguridad para inversionistas privados, ya que esto podría fomentar una dependencia nociva y una mala gestión de riesgos empresariales.
Es imperativo y urgente establecer límites claros a las funciones del Estado, evitando que este tenga un control excesivo sobre el dinero y el trabajo de los ciudadanos. A lo largo de las décadas, hemos normalizado que el Estado maneje arbitrariamente los recursos de la sociedad. Las «excepcionalidades» para socializar pérdidas son consideradas por muchos una práctica política burocrática aberrante, pero, por otro lado, el resultado lógico de un sistema donde la asignación de ganadores y perdedores se hace por voluntad política.
En este escenario, la pequeña y mediana empresa (PYME) emerge como la gran perdedora. A diferencia de los grandes fondos de inversión, las PYMEs rara vez reciben rescates estatales. Las ferreterías, almacenes de barrio y otros pequeños negocios forman el 85% del tejido empresarial, pero no ven la luz de las excepcionalidades que se aplican a las grandes corporaciones. Las PYMEs no solo soportan la carga burocrática y fiscal, sino que también financian el aparato estatal y las políticas de subsidios sin recibir beneficios proporcionales.
El debate no debería centrarse en otorgar más beneficios o rescates, sino en redefinir el papel del Estado para que no exceda su función de garante de la ley y mediador en conflictos. Volver a los principios de igualdad ante la ley y respeto a la propiedad privada, derechos consagrados en la Constitución, es el fondo de la discusión que nos debemos como sociedad. La urgencia de debatir estos temas en los próximos años es evidente, ya que de ello depende el futuro de la economía y la justicia en la administración de los recursos públicos y privados.
Este es un debate que no solo afecta al sector ganadero o a las PYMEs, sino a la estructura misma de cómo entendemos la relación entre el Estado, el mercado y el individuo en nuestro país.