El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda citar como investigadas durante los próximos meses de marzo y abril a un total de 21 personas en la causa relacionada con la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), entre los que se encuentran el exdirector general técnico de la Faffe Fernando José V.R. o la directora económico-financiera Ana V.R.. Además, amplía y prorroga el plazo de instrucción de la causa por otros seis meses adicionales, y acuerda la práctica de una serie de diligencias.
En un auto fechado el día 29 de enero y notificado hoy martes a las partes personadas, el magistrado acuerda de este modo librar oficio a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que emita un informe sobre “relación y número de las subvenciones concedidas por el SAE a la Faffe” desde 2007 hasta su extinción/liquidación en 2011; “relación y número de los expedientes de reintegro y/o de revisión de oficio, en su caso, iniciados y/o tramitados en relación a tales subvenciones, con indicación expresa de las deficiencias e irregularidades apreciadas en tales expedientes”, así como “relación, número y cuantificación de las deudas por reintegro de la Faffe que, en su caso, se entendieran extinguidas al ser absorbida dicha Fundación, tras su liquidación, por el SAE”.
Asimismo, el juez acuerda librar oficio a la Dirección General del SAE y a la Tesorería General de la Seguridad Social para que faciliten a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una serie de documentación e información relacionada con la contratación por parte de la Faffe de diez personas concretas.
El instructor explica en el auto que, de lo actuado, “se deducen indicios delictivos que guardan relación con la posible perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación vinculados, en esencia, con diversas -pero conexas- conductas desarrolladas en el seno de la Faffe en relación a la contratación de proveedores de servicios, personal y justificación de concesiones”.
En este sentido, concreta que en este procedimiento se investigan, en primer lugar, “presuntas irregularidades en materia de contratación de proveedores por parte de la Faffe”, ya que “existen indicios de que la Faffe habría llevado a cabo licitaciones y adjudicaciones de contratos en favor de distintos proveedores al margen de la disciplina y de la legalidad administrativa y financiera aplicable, principalmente en el curso de los ejercicios -al menos- 2008, 2009 y 2010, acudiendo de forma arbitraria e injustificada a procedimientos simplificados y directos, que en realidad serían de uso y utilización excepcional en cuanto suponen una quiebra de los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando así la libre concurrencia y competencia entre contratistas y convirtiéndolos en procedimientos de contratación administrativa opacos, en favor de determinados adjudicatarios”.
Contratos “irregulares”
Tras precisar que, según el análisis realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el importe total de los contratos indiciariamente irregulares alcanzaría la cuantía de 9.465.332 euros, el juez alude igualmente a “la existencia de irregularidades en la justificación de subvenciones que la Faffe percibía, fundamentalmente de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)”, y ello “en íntima conexión con las irregularidades en la contratación anteriormente descritas, pues la mayor parte de estas ilicitudes en la justificación de las subvenciones se articularían mediante contrataciones ficticias que permitirían realizar imputaciones de gasto -por servicios no prestados, desde luego -al menos-, en el marco de la correspondiente subvención- a las mismas”.
De igual modo, el instructor hace mención en el auto a la existencia de “serios indicios de la irregular contratación de personal por parte de la Faffe; de modo que se habría detectado la posible injustificada -sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para la contratación- contratación de, al menos, 84 personas”, una contratación que habría sido realizada “con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad, así como el ilícito mantenimiento del personal así contratado en distintos puestos de trabajo, creados y atribuidos ad hoc para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales -con el consiguiente cobro de emolumentos y prestaciones- por parte de aquéllos”.
“La investigación policial hasta la fecha practicada y aportada a los autos permite colegir que, por parte de los responsables de la Faffe, se habría procedido a la contratación de determinado personal -bien directamente, bien a través de personas subcontratadas-, de forma discrecional y al margen del procedimiento legalmente establecido, es decir, sin tener en cuenta los principios de publicidad, objetividad, igualdad, mérito y capacidad”, según asevera el juez, que agrega que, “igualmente, esta contratación habría podido responder a contraprestaciones por la realización de actos que habrían favorecido determinados intereses políticos o personales”, a lo que se suma que “determinado personal podría no contar con la cualificación necesaria”.