Santander- 03.02.2025
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha defendido hoy en el Parlamento el «triple beneficio» de ampliar el objeto del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) a través de la Ley de Simplificación Administrativa: «la construcción de un gran equipamiento de interés regional sin nuestros impuestos, la construcción de vivienda protegida para quienes más lo necesitan y la construcción de vivienda libre para cubrir la necesidad general de vivienda y financiar el conjunto del desarrollo».
Así lo ha dicho Buruaga de esta tarde en el Pleno, en respuesta a preguntas de la oposición, a la que ha criticado por hacer «juego sucio» y crear «falsa alarma» en torno a esta medida cuya finalidad es, ha enfatizado, «proteger el interés general», impulsando el mercado de la vivienda para atender las necesidades de los cántabros y facilitando la dotación de equipamientos de interés para la comunidad autónoma.
«No viviendas de lujo. No viviendas para ricos. Vivienda libre y también vivienda de protección oficial para responder con agilidad y eficacia a una de las principales necesidades de los cántabros. Y, que yo sepa, posibilitar, facilitar y agilizar es simplificar», ha señalado.
La presidenta ha explicado que la propuesta del Gobierno es ampliar el objeto del PSIR para que en una misma actuación se pueda incluir «un gran equipamiento de interés regional y vivienda, con un mínimo del 30% de protección oficial».
En este sentido, ha rechazado mantener en el tiempo la «figura inútil» vigente hasta ahora, «que durante 20 años no ha servido para nada», puesto que desde 2004 no se ha construido «ni una sola vivienda de protección oficial a través del PSIR», y ha recordado que los cántabros la eligieron para resolver sus problemas «y no para que todo siga igual».
Buruaga ha añadido que se trata también de abrir la puerta a la colaboración público-privada para poner más vivienda en el mercado y más barata, y multiplicar la inversión regional. Y ha explicado que con la modificación de los PSIR en la Ley de Simplificación Administrativa «la construcción de 70 viviendas libres garantiza, al menos, 30 viviendas protegidas, mientras que la construcción de cero viviendas libres supone cero viviendas protegidas».
La jefa del Ejecutivo ha acusado a la oposición de mentir al vincular la modificación del PSIR con la construcción de urbanizaciones en suelo rústico. En primer lugar, porque los proyectos singulares de interés regional pueden asociarse a cualquier clasificación de suelo, no solo al rústico, y, en segundo lugar, porque la posibilidad de urbanizar el suelo rústico con viviendas protegidas ya existía.
Del mismo modo, ha calificado de «falacia» la acusación de querer quitar el suelo a los propietarios para ponerlo en manos de promotores privados», ya que, según ha asegurado, un PSIR de iniciativa privada solo es posible si se promueve por, al menos, el 50% de los propietarios y el único sistema de gestión es el de compensación, «que garantiza la participación de todos en el desarrollo».
Además, ha sostenido que la mayor garantía de que un desarrollo no prioriza los intereses privados es, precisamente, el propio PSIR, porque, a su juicio, «no hay instrumento más garantista desde el punto de vista técnico, ambiental y económico».
«Recapaciten y dejen de intoxicar. Escuchen a la sociedad y a la empresa. Y no sigan poniendo palos en las ruedas de esta Ley, porque nadie lo entendería», ha pedido a la oposición.
«Hemos hecho más en 18 meses que en 18 años»
Por otro lado, ha destacado el compromiso del Gobierno para sacar adelante la Ley de Simplificación Administrativa, que es «fruto del clamor y la participación de la sociedad», y ha reivindicado el esfuerzo que está haciendo su Gobierno en esta materia desde comienzos de legislatura.
«Este Gobierno ha hecho más en 18 meses que todos los anteriores en 18 años», ha apuntado Buruaga.
Así, se ha referido a medidas como la supresión de la obligatoriedad de la cita previa, la modificación de la CROTU, la declaración responsable o la docena de decretos aprobados para reducir trámites y dar claridad y celeridad a otros tantos procedimientos, entre ellos, la regulación de los servicios de autotaxi, la eliminación de la cédula de habitabilidad, el reconocimiento de la justicia gratuita, la renovación de la condición de familias numerosas o la simplificación de trámites ambientales.
También ha negado que los ayuntamientos vayan a perder recursos y, sobre las críticas al corto alcance del silencio administrativo positivo, ha destacado que la propia ley, además de establecerlo como principio general, obliga en un plazo de seis meses a convertir los silencios negativos en positivos.
Finalmente, ha trasladado a los grupos de la oposición que el Gobierno está abierto a «aprobar cuanto antes la mejor ley posible y con el mayor consenso», pero ha rechazado cualquier intento para «vaciar» de contenido la ley.
«No cuenten conmigo para ello. No voy a engañar a los cántabros con una ley placebo que deje las cosas como están, porque no me eligieron para eso», ha concluido.