Madrid, 31de enero de 2025.- Mónica
García, ministra de Sanidad y Pablo Bustinduy, ministro de
Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se han reunido este
viernes con los gobiernos autonómicos en una conferencia
multisectorial en la que han aprobado, por primera vez, un acuerdo
a nivel estatal encaminado a mejorar la atención
temprana.
Se trata de un documento que establece un marco referencial de
calidad común para asegurar que niños y niñas
de 0 a 6 años tengan el derecho a una atención
temprana de calidad, eficaz y gratuita, con un acceso rápido
y equitativo. Por ello, el acuerdo incluye que el plazo para
intervenir en atención temprana debería ser de 45
días como máximo desde que se detecta un caso que
tenga un riesgo evolutivo. Este plazo es el que marca de referencia
la GIE (Garantía Infantil Europea), una recomendación
del Consejo de la Unión Europea que fue aprobada de manera
unánime en el año 2021.
Reducir los tiempos de espera en atención temprana es,
por tanto, uno de los objetivos fundamentales del acuerdo que se ha
aprobado hoy ya que esta franja de edad, de 0 a 6 años, es
una etapa crucial y crítica y cuando se sientan las bases
del desarrollo infantil a nivel físico, cognitivo, emocional
y social. Este período es clave, señala la evidencia
científica, para garantizar un desarrollo infantil saludable
que prevenga situaciones agravadas de discapacidad o de
dependencia. También para mejorar la calidad de vida de los
niños y de las niñas, así como para promover
su inclusión social, sus capacidades, sus potencialidades,
su autonomía y el libre desarrollo de su personalidad.
Por esta razón, desde Derechos Sociales y Sanidad alertan
de las consecuencias graves que pueden impactar en niños y
niñas con necesidad de atención temprana si no se
cuenta con un sistema público de calidad. Consecuencias como
ver comprometidas sus capacidades cognitivas y sociales,
desarrollar problemas de salud y nutrición, tener
dificultades educativas, o ver limitadas sus oportunidades de
incluirse plenamente en la comunidad y de alcanzar su pleno
potencial. Así mismo, inciden desde ambos ministerios, la
falta de un sistema eficaz y gratuito aumenta el riesgo de
exclusión social para muchas familias que se ven obligadas a
suplir las carencias del sistema con sus propios recursos
económicos, y con su tiempo y energía. Esto,
añaden, provoca un desequilibrio que genera sociedades
más desiguales y con menos oportunidades para estos
niños y niñas, y para sus familias.
Además de mejorar los procesos de detención y
reducir los tiempos de espera, el acuerdo aprobado este lunes
contempla que todas las Comunidades Autónomas dispongan de
una Red de Atención Temprana y que, para ello, los gobiernos
autonómicos dispongan de una norma que regule
específicamente la materia. En esta normativa deben
establecerse los mecanismos de coordinación y de
compartición de documentos e historias clínicas. El
sistema debe también interconectar los departamentos que
forman parte del proceso, así como ordenar y regular su
participación: equipos de atención primaria,
profesorado, profesionales de los servicios sociales, etc… En
este grupo de medidas se deben establecer, así mismo, las
bases para que la red disponga de una plantilla de profesionales
estable, suficiente y con empleos de calidad.
Por otra parte, el documento recoge medidas para garantizar la
valoración e intervención integral, adaptando todos
los procesos a la realidad y ritmos de cada niño y de cada
niña, y de sus familias, con las que se establecerá
un diálogo permanente. A esto se suma que la nueva
orientación apuesta por actuar en los entornos naturales de
los niños y niñas (el hogar, el parque, etc.) y por
un enfoque biopsicosocial que atienda todos los condicionantes del
desarrollo.
El acuerdo incluye también una dotación
económica de casi 42 millones de euros (41.874.524,17€)
que el Ministerio de Derechos Sociales repartirá entre los
gobiernos autonómicos con cargo al Fondo Social Europeo
Plus, con el objetivo de que todas las niñas y los
niños tengan un acceso adecuado a la atención
temprana con independencia de su lugar de residencia y de sus
circunstancias familiares y sociales. Según GAT, la
Federación Española de Asociaciones de Profesionales
de Atención Temprana, en 2023 (último año del
que hay datos globales) casi 130.000 niños y niñas
(129.529) necesitaron atención temprana, lo que supone
más de un 5% (5,38%) de la población entre 0 y 6
años.
Líneas de actuación
Los compromisos adoptados en el consenso aprobado se han
estructurado en nueve líneas de acción que se
concretan en medidas concretas y en 36 estándares de
calidad. Las líneas de acción son las siguientes:
1.
Planificación, estructuración, organización y
financiación de la atención temprana.
2. Mejorar
la calidad de las actuaciones y servicios de atención
temprana.
3.
Implementar sistemas eficaces de coordinación
interadministrativa.
4.
Implementar procesos eficaces de colaboración y
participación activa de las familias.
5.
Promoción de la prevención primaria.
6.
Facilitar el acceso a la atención temprana en condiciones de
igualdad y calidad para todos los niños y las niñas,
con reducción de tiempos de espera a un máximo de 45
días.
7.
Garantizar la valoración e intervención integral.
8. Equipos
profesionales y formación continua de profesionales
implicados en la atención temprana.
9.
Optimizar los sistemas de información y registro.
A su vez se establecen indicadores del desempeño que
permiten evaluar el grado de desarrollo de los compromisos y su
adaptación constante a las necesidades del sistema.
Elaboración del documento y plazo de
implantación
El documento ha sido desarrollado en el marco del Grupo
Técnico de Atención Temprana con la
colaboración activa de las Comunidades y de las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla. Ha contado también con
la participación de agentes de la sociedad civil
especializados en infancia y discapacidad, y ha sido coordinado por
diversos ministerios: Derechos Sociales, Sanidad, Educación,
y Juventud e Infancia. Este documento culmina, además, los
acuerdos alcanzados en el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud y en el Consejo Interterritorial de Servicios
Sociales del Sistema de Atención a la Dependencia, que en
una sesión de julio de 2023 dio luz a la aprobación
de una hoja de ruta para la mejora de la atención temprana
en España sobre un marco común de universalidad,
responsabilidad pública, equidad, gratuidad y calidad.
El plazo temporal para la implantación de estas medidas
será el año 2030 y coincidirá con la
finalización del Plan de Acción Estatal para la
Implementación de la Garantía Infantil Europea
(2022-2030), dado que en el marco de este plan se
distribuirán fondos a las Comunidades Autónomas para
impulsar la implementación de las medidas contempladas en el
Consenso Estatal. Así mismo, el Grupo Técnico de
Atención Temprana realizará un seguimiento bienal de
la implantación de las medidas, basándose en la
medición de los indicadores previstos. Y será en 2030
cuando se llevará a cabo una evaluación final.
Anexo: participantes de la sociedad civil
- Federación
Española de Asociaciones de Profesionales de Atención
Temprana (GAT) - Plataforma por la
Atención Temprana y los Derechos de la Infancia con
Diversidad Funcional (PATDI) - Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) - Asociación
Española de Intervención en la Primera Infancia
(AEIPI) - Plataforma de Infancia
- Consejo General de Colegios
de Logopedas - Consejo General de Colegios
de Terapeutas Ocupacionales - Asociación
Española de Pediatras Atención Primaria - Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas de España - Sociedad Española de
Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) - Sociedad Española de
Rehabilitación Infantil (SERI) - SERI –
Andalucía - SERI – Galicia
- Centro de
Normalización Lingüística de la Lengua de Signos
Española (CNLSE) - Centro Español sobre
el Trastorno del Espectro del Autismo - Confederación Autismo
España - Confederación Plena
Inclusión España