El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha presentado hoy, coincidiendo con la celebración mañana del Día Europeo de la Mediación, junto al presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y del Consejo Andaluz, José Blas Fernández, el convenio suscrito entre ambos que va a permitir impulsar la mediación laboral en conflictos que ya están judicializados. Se trata de un acuerdo pionero en España que pretende ofrecer una segunda oportunidad a la vía del diálogo y el acuerdo en los casos de despidos, reclamaciones de cantidad y demás conflictos laborales que en los juzgados de lo Social tardan dos o tres años en resolverse.
Ambos han explicado que la Jurisdicción Social está especialmente saturada por lo que actualmente se están fijando juicios para 2027 o 2028. “No podemos seguir castigando a los jueces con esa sobrecarga trabajo y mucho menos a ciudadanos con plazos de resolución tan largos”, ha señalado Nieto, quien ha lamentado que, pese a las peticiones de la Consejería, el Ministerio de Justicia no tiene previsto crear ningún juzgado nuevo este año en Andalucía.
“La primera solución sería un aumento de jueces, pero eso es competencia del Ministerio y aunque año tras año hacemos una petición, si la respuesta en años anteriores era que se creaban pocos, este año es cero por lo que ante esta situación teníamos que buscar soluciones alternativas”, ha incidido el consejero.
Una de ellas es explorar la mediación, que según ha destacado ya está dando muy buenos resultados en la jurisdicción Penal, tras la creación en mayo del Servicio de Mediación Penal en Andalucía (SEMPA), público y gratuito. En el marco de la Estrategia de Mediación diseñada por la Consejería como parte de su Plan Estratégico de Justicia, el pasado diciembre se firmó un convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales para contar con estos profesionales especializados en Derecho laboral e impulsar la mediación intrajudicial en este tipo de conflictos.
Nieto ha agradecido al presidente del Consejo que el colectivo se haya ofrecido “de manera gratuita” a trabajar en esta experiencia piloto para demostrar a los operadores jurídicos y a la ciudadanía que es posible lograr una solución alternativa” mediante el diálogo.
Bolsas de profesionales voluntarios
Los colegios provinciales crearán bolsas de profesionales voluntarios para actuar como mediadores. Los juzgados de lo Social, a través de los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA) que la Junta puso en marcha en 2021, derivarán asuntos que consideren mediables y tras una primera sesión informativa con las partes implicadas en el PIMA, si éstas aceptan intentar un acuerdo, se les remitirá a los mediadores de esas bolsas.
Nieto se ha mostrado optimista en que esta colaboración “nos permita acortar plazos, dar solución a los ciudadanos y desatascar entre todos los juzgados de lo Social”. Aunque por Ley los conflictos laborales antes de llegar a los juzgados tienen que pasar por el Centro de Mediación Arbitraje y Conciliación (CMAC), ha reconocido que esta vía no está funcionando como debiera y el objetivo es intentar una segunda oportunidad para el acuerdo cuando los conflictos ya estén judicializados con la “tranquilidad de que contamos como aliados con magníficos profesionales como los graduados sociales”.
En este sentido, ha instado a los jueces a confiar en esta vía ya que son ellos los que tienen que derivar los casos. Desde su puesta en marcha, los juzgados penales han derivado al SEMPA 1.600 asuntos y de los procedimientos de mediación iniciados que ya se han cerrado, el 87% han logrado un acuerdo, lo que supone casi 600 juicios evitados entre mayo y diciembre. Además, el plazo medio de resolución es de un mes.
Por su parte, para el presidente de los graduados sociales andaluces este convenio supone «un paso trascendental en la mejora de la Jurisdicción Social en Andalucía, una jurisdicción que, como todos sabemos, se enfrenta a una situación crítica con los juzgados colapsados y con retrasos en vistas que pueden llegar a tres o cuatro años. Este contexto hace imprescindible adoptar soluciones innovadoras, como la mediación intrajudicial, una medida pionera en España”.
José Blas Fernández ha dado las gracias al consejero “por su actitud receptiva y por confiar en los graduados sociales, que somos una figura clave en el día a día de los juzgados. Este convenio nos permitirá trabajar codo con codo con los jueces para alcanzar acuerdos que alivien la carga judicial y aporten soluciones más rápidas y efectivas a las partes implicadas”.
“Es fundamental destacar también el compromiso de la Consejería y de su equipo, desde el consejero hasta los directores generales y delegados territoriales, quienes han demostrado una gran sensibilidad hacia las necesidades de los profesionales y de la ciudadanía. Sabemos que la mediación no es un camino fácil, pero cada pleito que se resuelva mediante este método supondrá un avance enorme para nuestro sistema judicial”, ha subrayado.