El Consejo de Gobierno ha aprobado, a instancias de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el decreto que regula la composición, funciones y funcionamiento del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía. Se trata de un órgano de deliberación que aportará luz ante conflictos, problemas o dilemas éticos que se planteen en la intervención y desarrollo de los servicios sociales y que afecten tanto a las personas usuarias y sus familias como a los propios profesionales.
Este órgano de participación pretende facilitar la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, generando una cultura de la ética en la intervención social. Sensibilizar respecto a la dimensión ética y garantizar el derecho de las personas, respetando su autonomía, dignidad e intimidad son otros de los objetivos de este comité, que proporcionará asesoramiento a todas las partes que puedan estar implicadas.
Sus recomendaciones no serán vinculantes, pero sí suponen una herramienta de conocimiento y orientación de cara a generar buenas actitudes y prácticas a quienes intervienen en los servicios sociales. Estas recomendaciones servirán para el abordaje de situaciones especialmente comprometidas o complejas en su manejo. Además, podrá proponer protocolos de actuación para aquellos casos que, por su mayor frecuencia o por su gravedad, generen conflictos éticos, así como elaborará informes y una memoria anual.
El Comité de Ética, que se reunirá con una periodicidad cuatrimestral, estará formado por expertos de la materia que, además, deberán contar con formación específica en ética aplicada o bioética. Así, se estructura de la siguiente manera: una presidencia, una vicepresidencia, una secretaría y 16 vocalías, representando una de ellas de forma específica a la ciudadanía.
La compleja realidad social actual, los cambios en el sistema de cuidados y en las prácticas de intervención social hacen necesarios unos servicios sociales desde procedimientos adaptados a toda esa diversidad y de ahí la importancia de la ética. En este sentido, este decreto defiende que «la reflexión ética en la acción social debe estar incorporada en la práctica cotidiana de los equipos profesionales y en la mejora continua de su intervención, cuya actuación incide directamente en la vida de las personas». Por ello, considera necesario impulsar también el desarrollo de espacios de reflexión ética en los centros de servicios sociales.
Por último, tal y como recoge el decreto aprobado, el Comité de Ética estará a disposición de profesionales, centros, servicios, asociaciones, fundaciones, instituciones, administraciones públicas, personas usuarias y demás agentes implicados en la intervención social.