Toledo, 19 de diciembre de 2024.- El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido hoy el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2025, que reforzará el bienestar social y el crecimiento económico de Castilla-La Mancha, que se inició con éxito en 2015, “ajustándose a las necesidades y demandas del conjunto de la ciudadanía”.
Así lo ha manifestado Ruiz Molina en el pleno de las Cortes regionales, donde se está debatiendo el dictamen emitido por la Comisión de Economía y Presupuestos sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta Comunidades para el próximo ejercicio, que asciende a 12.716 millones de euros, lo que supone una variación del 1,9 por ciento con respecto a 2024 y que tiene “cuatro grandes objetivos”.
En primer lugar, “queremos redistribuir la riqueza que como sociedad generamos, a través de la sanidad, educación y servicios sociales”, destinando para ello el 72 por ciento del presupuesto al desarrollo social y cumpliendo el compromiso que el presidente García-Page hizo a la ciudadanía hace nueve años de blindar los servicios públicos fundamentales. El segundo objetivo, es incentivar la actividad económica y la modernización del tejido productivo, “promoviendo la transición ecológica y la transformación digital”, aprovechando al máximo los fondos europeos asignados; continuar con el apoyo al sector primario y mejorar la movilidad y construcción de viviendas.
En tercer lugar, ha continuado, se trata de “impulsar nuestra Estrategia Regional frente a la Despoblación”, financiando las políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de estas zonas, favoreciendo la implantación y el mantenimiento de la actividad empresarial, incrementando los servicios públicos y medidas dirigidas a la conciliación. Y el cuarto y último objetivo, es “mantener un carácter inversor inherente a los presupuestos elaborados desde 2015, que permita incidir en la modernización y competitividad de las empresas y ampliar las infraestructuras dirigidas a la mejora de la calidad de los servicios públicos de la Administración regional”.
Un presupuesto elaborado “en un marco de estabilidad política e institucional”
Durante su intervención, Ruiz Molina ha destacado que estas cuentas se han elaborado y tramitado “en un marco de normalidad y estabilidad política e institucional”, que ha definido como un “oasis en el panorama nacional”, y ha puesto en valor no sólo el tono “sosegado y coherente” del debate del dictamen, sino también el acuerdo alcanzado entre los grupos parlamentarios socialista y popular, que ha permitido incorporar enmiendas destinadas a reforzar el marco financiero, “con fondos procedentes de la Junta, el Estado y la Unión Europea”, con el objetivo de reconstruir los municipios afectados por la dana del pasado mes de octubre.
En esta línea de estabilidad, el consejero ha recordado que este presupuesto regional, el décimo que elabora el Gobierno de Emiliano García-Page, tiene como hilo conductor, favorecer el desarrollo económico y fortalecer el Estado del Bienestar; todo ello, ha añadido, “sin subir los impuestos y cumpliendo con los compromisos adquiridos con la ciudadanía” y que ha permitido “ofrecer la máxima certidumbre y seguridad a los inversores”, lo que se traduce en “más riqueza y empleo en nuestra región”.
Un escenario, que como ha señalado Ruiz Molina, se sustenta en los principales indicadores económicos que avalan la eficacia de la estrategia del Gobierno regional y pone de manifiesto la confianza de los agentes económicos en “nuestra política económica”, como así se refleja en el Índice de Confianza Empresarial, en el que Castilla-La Mancha sigue siendo líder, con más de once puntos de diferencia con respecto a la media; o en los datos que se han conocido este miércoles en relación al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel nacional, y que reflejan que, “somos la cuarta comunidad autónoma con mayor crecimiento del PIB en 2023, un 3,3 por ciento, lo que supone seis décimas más que la media nacional”.
Compromiso con la responsabilidad fiscal y la prudencia financiera
Durante su alocución en el parlamento autonómico, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha señalado que el presupuesto para 2025 se ha elaborado desde “la máxima ortodoxia financiera, primando la responsabilidad fiscal y la prudencia en cuanto a nuestras previsiones”, todo ello, “haciendo compatible la congelación de la presión fiscal y la contención de nuestra apelación al endeudamiento”.
En este sentido, Ruiz Molina ha vuelto a reclamar a las fuerzas políticas del Partido Popular y VOX que insten a sus compañeros de partido en el Congreso de los Diputados para que voten a favor de la senda fiscal que presente el Gobierno de España porque su no aprobación va a suponer una “merma en la capacidad financiera de la comunidad autónoma de aproximadamente 100 millones de euros, que afectarían al gasto asociado al Estado del Bienestar”.
