La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha comenzado a tramitar el procedimiento administrativo necesario para la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de los nuevos estatutos de la Universidad de Sevilla (US), que deben renovarse obligatoriamente para adaptarse a las exigencias introducidas por el Gobierno central en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en vigor desde 2023.
La US remitió el pasado 5 de diciembre al departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos el proyecto de estatuto ya respaldado previamente por el claustro universitario de esta institución académica, lo que ha motivado el inicio inmediato del expediente administrativo. La Consejería de Universidad lo tramitará por el procedimiento de urgencia, decisión que implica acortar los plazos a la mitad. Esta medida se ha adoptado con el objetivo de que el documento con las normas institucionales que rigen el funcionamiento de esta universidad pueda ver la luz lo antes posible y se acometan todas las reformas que requiere el nuevo marco legislativo estatal, entre ellas las que afectan a la elección del rector.
Desde la entrada del proyecto de estatutos en la Consejería de Universidad, los técnicos de este departamento ya han comprobado que el texto cumple con todos los requisitos formales, por lo que el siguiente paso será remitirlo al Gabinete Jurídico de la Junta, órgano encargado de velar por el cumplimiento y el control de la legalidad. Para ello, deberá comprobar si el contenido se ajusta tanto a la legislación autonómica en materia de universidades como a la LOSU. Una vez realizado este análisis, se enviará nuevamente a la Universidad de Sevilla para que valore incluir o no las conclusiones alanzadas por el Gabinete Jurídico. Superado este trámite, el documento tendrá que ser informado por el Consejo Consultivo para ser finalmente elevado al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.
Los actuales estatutos de la Universidad de Sevilla datan del año 2003, aunque luego ha sufrido varias modificaciones, y, tras su respaldo por la Junta, ésta será la primera institución académica pública andaluza en dotarse de la norma básica de la institución en el marco de la nueva ordenación. De acuerdo con lo dispuesto por la LOSU, se establece un plazo de tres años para que las universidades aprueben sus nuevos estatutos.