- Las herramientas y los procedimientos para hacer cumplir el Derecho de la UE están mejorando gradualmente.
- Entre 2012 y 2023 se incoaron más de 9 000 procedimientos de infracción.
- Pocos casos se resuelven con sanciones pecuniarias, pero estas no siempre resultan disuasorias.
Aunque la Comisión Europea ha mejorado la forma en que detecta y corrige las infracciones del Derecho de la UE, sigue tardando demasiado en archivar los procedimientos de infracción, según un informe publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal). La mayoría de los procedimientos de infracción se resuelven antes de que la Comisión proponga sanciones pecuniarias, aunque los auditores constataron que algunos Estados miembros no rectificaron las infracciones del Derecho de la UE a pesar de estar sujetos a sanciones durante años.
La principal competencia atribuida a la UE por sus Tratados constitutivos es la de elaborar leyes aplicables a los Estados miembros. Hacer cumplir el Derecho de la UE requiere mucho tiempo y recursos: entre 2012 y 2023, el Parlamento Europeo presentó a la Comisión más de 8 000 peticiones, incluidas infracciones del Derecho de la Unión, y se registraron casi 43 000 denuncias de ciudadanos, empresas y grupos de interés. Contando los casos incoados por la Comisión, entre 2012 y 2023 se iniciaron más de 9 000 procedimientos de infracción.
«Aunque la Comisión Europea ha mejorado su gestión para detectar y corregir las infracciones del Derecho de la UE, todavía puede tardar años en rectificar las infracciones», afirma Lefteris Christoforou, Miembro del Tribunal responsable de la auditoría. «Para garantizar la igualdad y el respeto de los valores y principios comunes de la UE, la corrección de las infracciones del Derecho tiene que ser más rápida. Aunque las personas y las empresas tienen responsabilidades derivadas de la legislación de la UE, también tienen derecho a disfrutar de las ventajas de las normas consensuadas sin impedimentos, con la garantía de que sus derechos fundamentales se apliquen en toda la UE».
A lo largo de los años, la Comisión se ha comprometido a mejorar el proceso de aplicación del Derecho de la UE y ha establecido varios plazos de referencia para mejorar su gestión de las denuncias y los procedimientos de infracción. No obstante, el cumplimiento de estos plazos de referencia ha resultado difícil. Por ejemplo, aunque el tiempo empleado por la Comisión en completar los controles de transposición y conformidad (es decir, garantizar que las medidas de transposición nacionales cubran todas las disposiciones de una directiva y estén plenamente en consonancia con ella) ha disminuido desde 2017, la mitad de estos controles siguen superando el plazo establecido. Lo mismo ocurre con las denuncias: pueden tardar meses en ser evaluadas y años en resolverse. La Comisión no facilita sistemáticamente información detallada sobre el número de peticiones que recibe del Parlamento Europeo. Las modalidades de tramitación de las denuncias y peticiones podría mejorarse introduciendo criterios claros y coherentes que permitan priorizar o agrupar, según los auditores, que también subrayan que los denunciantes no siempre reciben información sobre los avances realizados.
Los debates informales entre la Comisión y los Estados miembros para abordar casos complejos (un procedimiento conocido como EU Pilot) resultaron eficaces para resolver la mayoría de los casos sin procedimientos formales de infracción. Sin embargo, los plazos medios de tramitación pueden seguir siendo superiores a dos años y, cuando existen procedimientos formales de infracción, una proporción cada vez mayor de casos tardan demasiado en resolverse (es decir, que se acaban archivando o remitiendo al Tribunal de Justicia). Aunque la mayoría de los procedimientos se resuelven antes de que la Comisión proponga sanciones pecuniarias, en algunos casos los Estados miembros no han rectificado las infracciones del Derecho de la UE, aunque hayan sido objeto de sanciones durante varios años.
A pesar del seguimiento periódico y, en general, preciso del cumplimiento del Derecho de la UE y de la presentación de informes al respecto, la Comisión no publica información sobre el grado de cumplimiento de sus plazos de referencia. Aunque estos plazos de referencia no son jurídicamente vinculantes, los auditores consideran importante que la Comisión notifique los plazos de referencia públicos indicativos, ya que esto mejoraría el control.
Información de referencia
Los Estados miembros están obligados a adoptar todas las medidas jurídicas nacionales necesarias para aplicar el Derecho de la UE. A pesar de que los reglamentos de la UE son aplicables inmediatamente en todos los Estados miembros, las directivas deben transponerse a la legislación nacional. La Comisión utiliza distintos procedimientos y herramientas para garantizar que los Estados miembros transpongan y apliquen correctamente el Derecho de la UE, así como para detectar y abordar posibles infracciones. Cuando fallan las medidas preventivas y existe una presunta infracción (por ejemplo, transposición tardía, parcial o incorrecta), la Comisión puede iniciar procedimientos de infracción y llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE. La responsabilidad de corregir cualquier infracción recae en los Estados miembros.