El Consell ha aprobado en el pleno extraordinario celebrado este martes un decreto ley por el que se concede un crédito extraordinario de 700 millones de euros para financiar con endeudamiento los costes inaplazables de la riada. Además, ha dado luz verde a un decreto por el que destinarán 23 millones de euros en ayudas de la Generalitat para que autónomos y pymes accedan a financiación a coste cero.
Así se ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa posterior a los plenos ordinario y extraordinario del Gobierno valenciano, una comparecencia en la que la vicepresidenta primera y portavoz, Susana Camarero, ha remarcado que, a fecha de hoy, “hay más de 160 millones de euros de ayudas concedidas por la Generalitat a los afectados”, cifra que refleja tanto el esfuerzo económico que está realizando el Consell como la agilización de los trámites para que el dinero que “llegue cuanto antes a los bolsillos” de las personas damnificadas.
Tal y como ha explicado en la rueda de prensa la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, el crédito extraordinario de 700 millones de euros permitirá a la Generalitat atender gastos inaplazables derivados de los daños soportados por las personas físicas o jurídicas, los bienes muebles o inmuebles y las infraestructuras públicas o privadas como consecuencia de las inundaciones.
Este crédito se financiará mediante operaciones de endeudamiento y los remanentes se incorporarán al presupuesto prorrogado, con independencia de que en 2025 se tramiten nuevas normas para financiar la respuesta de la Generalitat a la emergencia.
En ese sentido, Merino ha insistido en que no se trata de recursos adicionales que el Gobierno destine a la Comunitat, sino que es la consecuencia de su negativa a atender las “múltiples peticiones del Consell para una inyección de recursos a fondo perdido”. En ese punto, la consellera de Hacienda ha remarcado que es “rotundamente falso” que “se tengan que aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para realizar esa transferencia de recursos extraordinarios a la Comunitat, tal y como sostiene el Gobierno”.
Según ha señalado, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “dice que ha dado más recursos del sistema de financiación a las comunidades autónomas, en realidad no son ningún regalo, porque salen de los impuestos que pagan los valencianos”. “Lo mismo sucede ahora con estos 700 millones. El Gobierno no destina 700 millones a la reconstrucción; no es así; esto es endeudamiento, que es lo único que el Gobierno de España nos permite hacer».
Merino ha indicado, por otro lado, que decreto por el que se destinarán 23 millones de euros en ayudas para autónomos y pymes afectadas por la riada posibilitará el acceso a financiación a coste cero a través de entidades financieras en operaciones que cuenten con el aval de una sociedad de garantía recíproca.
En concreto, este nuevo instrumento financiero permitirá poner a disposición del tejido productivo afectado un montante total de 150 millones de euros en préstamos a tipo cero, operaciones a largo plazo y con amplías carencias, para que los damnificados no tengan que preocuparse en estos momentos de nuevas cargas financieras y puedan centrar sus esfuerzos en la reconstrucción y la reactivación de sus negocios.
Con esta aportación la Generalitat, a través de la Conselleria de Hacienda y Economía, cubre el coste de los intereses y de las comisiones de aval que correspondería aplicar a estas operaciones, permitiendo así que los damnificados puedan acceder a estas operaciones sin costes financieros.
Actuaciones de emergencia en infraestructuras
En otro orden de cosas, el Consell ha aprobado la ejecución de las actuaciones necesarias de recogida, limpieza y acopio de residuos en los municipios deAlfafar, Aldaia, Paiporta, Benetússer, Sedaví, Massanassa, Albal, la pedanía Forn d’Alcedo de València, Catarroja, Alginet y Guadassuar, según ha destacado la vicepresidenta primera.
Además, se han ratificado actuaciones de emergencia en materia de infraestructuras por un importe global de 11 millones de euros para la rehabilitación de varios tramos de las carreteras CV-35, CV-42, CV-43, CV-50, CV-235, CV-245, CV-390, CV-355 y CV-515.
También se han validado otras cinco actuaciones, por importe de 6,5 millones de euros, están dirigidas a restablecer el funcionamiento de las infraestructuras públicas de Ferrocarrils de la Generalitat dañadas por las inundaciones, que se suman a los 63,3 millones de euros ya aprobados por el Consell en las últimas dos semanas, ha remarcado Susana Camarero.
Y, además, el Consell ha autorizado a la ejecución de nuevas obras necesarias para reconstruir varios puentes e infraestructuras dañadas por la DANA del pasado 29 de octubre en los municipios de Albal, Aldaia, Catarroja, Cheste, Massanassa, y Sinarcas, que también se suman a las adoptadas por el Consell en semanas anteriores
Actuaciones de emergencia en materia educativa
Por otro lado, el pleno extraordinario ha tomado razón de siete declaraciones de emergencia de contrataciones realizadas por un importe global de 2,7 millones de euros en el ámbito de educativo para el suministro inmediato de equipamiento escolar de mobiliario y comedores a los centros afectados por la DANA en Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Catarroja, L’Alcúdia, Massanassa, Millares, Paiporta, Polinyà de Xúquer, València, València-Forn d’Alcedo y Xirivella, así como para el suministro e instalación de material instrumental para los conservatorios orofesionales de Música de Utiel y Catarroja los traslados de alumnado de centros de Paiporta y Alfafar.
En materia sanitaria, el Consell ha aprobado en el pleno ordinario el decreto que regula las bases y la convocatoria de ayudas destinadas a determinados colectivos vulnerables con la finalidad de facilitar su acceso y la adherencia a los tratamientos farmacológicos y productos ortoprotésicos prescritos por profesionales del sistema valenciano de salud y sujetos a financiación pública.
De esta manera, para el año 2025, la Generalitat va a destinar una partida presupuestaria de más de 44,2 millones de euros destinada a tal fin, de manera que las personas en situación de vulnerabilidad que cumplan con los criterios establecidos en el decreto podrán recibir una compensación para hacer frente al gasto farmacéutico y ortoprotésico.
Asimismo, se ha procedido al nombramiento de Bartolomé Pérez Gálvez como director general de Salud Mental y Adicciones a propuesta de la Conselleria de Sanidad.