Desde la óptica del liberalismo, los contratos secretos representan una gravísima amenaza a los principios fundamentales de una sociedad libre y diáfana.
La transparencia y el acceso a la información pública son pilares esenciales para que los ciudadanos puedan ejercer un control efectivo sobre sus gobernantes y participar con sagacidad en el proceso político.
Este tipo de comportamiento gubernamental es un reflejo cristalino de la tendencia inherente de los Estados a expandir su esfera de influencia y a concentrar cada vez más poder en manos de una élite política.
Lejos de servir al interés público, estas prácticas secretistas responden a los intereses particulares de clanes de poder que buscan mantener su dominio sobre los recursos y las decisiones que afectan a la sociedad en su totalidad.
El secretismo se ha convertido en un patrón recurrente en la política uruguaya, donde los sucesivos gobiernos han utilizado mecanismos legales, como el decreto 477 de 2008, para blindar determinados contratos y acuerdos de la mirada pública.
Esto no solo socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, sino que también abre la puerta a la corrupción y a la captura del Estado por parte de intereses privados.
Los contratos
Entre los contratos más notorios sellados por la casta política se encuentran:
El acuerdo firmado por el expresidente Tabaré Vázquez con la multinacional UPM ex-Botnia en 2018, dedicado a la extracción de celulosa.
El pacto alcanzado por el actual presidente Luis Lacalle Pou con el operador portuario Katoen Natie en 2021.
Y, más recientemente, los contratos secretos con Pfizer para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, donde se ha criticado la opacidad y las cláusulas de confidencialidad que impiden el escrutinio público sobre los términos y precios de las vacunas.
Los contratos secretos con Pfizer son un escándalo de proporciones éticas, legales y políticas.
Estos acuerdos son un ejemplo flagrante de cómo las corporaciones multinacionales pueden abusar de su poder para someter a los gobiernos a condiciones abusivas y opacas.
La insistencia en mantener estos contratos bajo llave es una bofetada a la democracia y a la transparencia, privando a los ciudadanos de saber cómo se gastan sus impuestos.
Pfizer ha impuesto cláusulas draconianas que no solo protegen sus ganancias sino que también eximen a la compañía de cualquier responsabilidad por efectos adversos de sus productos, mientras los gobiernos quedan atados de manos, incluso renunciando a su inmunidad soberana.
Este arreglo es esencialmente un chantaje legalizado, donde los países, en medio de una crisis de salud pública, se ven forzados a aceptar términos que parecen más apropiados para una mafia que para una empresa supuestamente dedicada al bienestar humano.
La falta de transparencia no solo alimenta la desconfianza sino que también sugiere que hay algo que ocultar, quizás sobre la eficacia, la seguridad o el costo real de las vacunas.
Es una traición a la confianza pública y un recordatorio de cómo el capitalismo desregulado puede priorizar el lucro sobre la vida humana.
Aunque también han existido casos similares, como el del HIF para la extracción de hidrógeno verde, estos han tenido una repercusión mucho menor.
La falta de transparencia en estos acuerdos no solo plantea serias dudas sobre la integridad de los procesos políticos en Uruguay, sino que también subraya la necesidad urgente de un cambio hacia una mayor rendición de cuentas, apertura en la gestión pública y control del pouvoir estatal.
La sociedad uruguaya merece un gobierno que le quite las cadenas y le permita florecer libremente, no una serie de burócratas que bajo cuatro paredes favorezcan a las corporaciones y le pongan el elefante en la habitación al pequeño o mediano empresario.