Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha visitado el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), un organismo dependiente del Real Patronato de Discapacidad. Durante esta visita, el ministro Bustinduy ha estado acompañado por la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, y a su entrada ha dado a conocer que, en este centro, y gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio que dirige y el de Inclusión, se está llevando a cabo un proceso de adaptación de la información y de los formularios para solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), con el fin de hacerlos más comprensibles. El objetivo es traducir toda la documentación y los trámites a ‘lectura fácil’ y eliminar así la barrera que puede suponer el lenguaje burocrático.
«La accesibilidad cognitiva es una herramienta clave para poder ejercer derechos», ha declarado Bustinduy, y ha destacado que el trámite para acceder al Ingreso Mínimo Vital será ahora más comprensible. De esta manera, ha añadido, las personas que lo requieran tendrán más facilidades para solicitar la prestación, ya que el procedimiento será más sencillo. Con esta medida, el Gobierno de España va a facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital a quienes encuentran dificultades de comprensión del texto escrito o de las herramientas digitales, con el objetivo también de avanzar hacia una administración más cercana y accesible.
Adaptada a ‘lectura fácil’
Por su parte, la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, ha subrayado que la información y formularios del IMV se adaptarán a ‘lectura fácil’ y que esto no solo garantizará la accesibilidad a esta prestación, sino que también ofrecerá a las personas que lo necesiten la opción de llevar una vida autónoma.
«Además, visibilizamos una buena práctica para extender al resto de la Administración en su relación con la ciudadanía», ha asegurado. Este impulso por la accesibilidad se complementa con la incorporación del servicio de videointerpretación en lengua de signos para el teléfono corto 020 de información del IMV y con el servicio de accesibilidad auditiva. Estas acciones forman parte del aumento de recursos que ha destinado el Gobierno de España a la accesibilidad cognitiva desde que esta fuera reconocida como un derecho.
Una de cada tres personas
A este respecto, desde el Real Patronato de Discapacidad se ha subrayado que una de cada tres personas en España necesita este tipo de accesibilidad, ya sea por algún tipo de discapacidad intelectual y del desarrollo, o por algún otro tipo de dificultades de comprensión. Y el director de este Real Patronato, Jesús Martín, presente también en esta visita, se ha referido a la accesibilidad universal como un «derecho llave que abre la puerta a otros derechos» como los vinculados con la salud, la educación, la cultura, la información o el empleo. Por esta razón, el Ministerio de Derechos Sociales está trabajando en la próxima aprobación de una ley que consolidará la accesibilidad cognitiva a productos y a servicios como el transporte, la salud, la justicia o la cultura.
Una Administración más accesible
En lo referido a este trabajo para facilitar el acceso al IMV, las codirectoras del CEACOG, Blanca Tejero y Raquel Cárcamo, lo han calificado de «un reto enorme abordado desde la colaboración interministerial y el compromiso común», y han puesto en valor que este proyecto conjunto «esté sumando esfuerzos para avanzar hacia una Administración más accesible para la ciudadanía y, especialmente, para quienes más lo necesitan». Además, en esta visita también ha estado presente Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión España.
El CEACOG es un organismo dependiente del Real Patronato de Discapacidad que gestiona Plena Inclusión España desde 2022 y que actúa como referente estatal en accesibilidad cognitiva, asesorando a administraciones públicas, impulsando innovación y sensibilización, y formando a profesionales para avanzar hacia una sociedad que garantice el derecho a entender. Desde 2024, el centro ha formado a más de 4.200 profesionales de entidades públicas y privadas. Esta tarea continúa en 2025 con nuevas formaciones para equipos del Ministerio del Interior, Policía, Guardia Civil y personal de otros ministerios.