El Congreso ha aprobado la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica del Grupo Socialista para para modificar el Código Penal y sancionar con penas de prisión las falsas terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, con el voto en contra de Vox.
“Traemos al Congreso una deuda histórica con las personas LGTBI que debemos saldar como país y como democracia. Hablamos de vidas destrozadas por el sufrimiento y por una de las peores formas de violencia que una persona puede sufrir que es ser obligado a odiarse; ser torturado física o psicológicamente para que le arranquen su orientación o su identidad de encima. Basta ya de que este tipo de torturas se ejerzan en nuestro país”, ha defendido el ponente socialista en la subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio, secretario LGTBI del PSOE y diputado por Madrid, Víctor Gutiérrez.
Si bien las terapias de conversión ya están prohibidas por la Ley Trans y varias leyes autonómicas, “es necesario que vayamos un paso más allá para elevar a categoría de delito lo que en realidad es una tortura”. “Desde el PSOE lo tenemos muy claro: queremos que quien aplique, promueva o financie estas prácticas se siente en el banquillo; quien arrastre a su hijo o hija a una sesión de humillación y trauma responda ante la justicia porque ninguna familia tiene derecho a torturar a un menor por ser gay, lesbiana, trans; ninguna secta tiene derecho a lucrarse vendiendo curaciones milagrosas que solamente sirven para sembrar suicidios y, desde luego, ningún estado digno puede mirar hacia otro lado mientras una sola persona pierde la vida o la cordura por la crueldad disfrazada de fe”.
Por ello, la propuesta socialista, que continúa ahora su tramitación parlamentaria, establece que:
- Se castiguen con pena de prisión de seis meses a dos años para el que aplique o practique sobre una persona actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión, ya sean psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género.
- Se imponga la pena prevista en el apartado anterior en su mitad superior cuando la víctima fuera menor de edad, cuando se emplee la violencia o una situación de superioridad, cuando el culpable pertenezca a una organización u asociación o se realicen con fines lucrativos.
- En todos los casos se imponga, además, la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre entre tres y cinco años más del tiempo de la duración de la pena de privación de libertad.
- Cuando la víctima sea menor de edad, dicha inhabilitación sea, además, de hasta cinco años para cualquier profesión y oficio, retribuido o no, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.
- Cuando una persona jurídica sea responsable de los delitos cometidos, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años e incluso la disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades o la clausura de sus locales en un periodo de tiempo o la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas.
“Las personas LGTBI jamás vamos a volver al armario, jamás vamos a volver a la camilla de electroshock y, por supuesto, jamás vamos a volver a un campo de concentración”, ha defendido Gutiérrez frente a la derecha y la ultraderecha. “El PSOE siempre tiene un firme compromiso con las personas LGTBI, cada avance en derechos LGTBI lleva la firma y el sello socialista y hoy damos el paso más contundente: queremos tipificar como delito lo que jamás debió tolerarse. Esta ley no es solo un castigo a los verdugos, es un mensaje de esperanza a todas las víctimas silenciosas que aún tienen pesadillas con la camilla de descargas, la sesión de humillación o el rezo que prometía curarles mientras los mataba por dentro”.