La Comisión de Programación del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha informado favorablemente por unanimidad el nuevo decreto regulador de los precios públicos de los servicios académicos y administrativos diseñado por la Junta que mantendrá congelados un año más los precios públicos de los servicios académicos y administrativos. El secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera, ha presidido la reunión acompañado del director general de Coordinación Universitaria, Mario Martínez.
El próximo año académico continuará manteniendo invariables los precios públicos de los servicios académicos y administrativos, lo que implicará que las matrículas universitarias tampoco subirán. En virtud de esa congelación, las universidades públicas continuarán aplicando un importe de 12,62 euros por crédito en la primera matrícula de los grados, de forma que la región continúa manteniéndose entre las comunidades más asequibles del sistema universitario nacional.
El sistema público andaluz también continuará aplicando la reducción del precio de los másteres habilitantes, que son los estudios obligatorios para el desempeño de una serie de profesiones reguladas. Esa rebaja equipara el valor de sus créditos al de los grados. De igual modo, tampoco suben los créditos de los másteres no habilitantes, por lo que se abonan 13,68 euros.
En Andalucía, en los casos de primera o segunda matrícula, se fija un valor único con independencia de la rama de conocimiento a la que pertenezcan los estudios deseados con el fin de no condicionar a los universitarios por razones económicas a la hora de elegir la titulación.
Por otro lado, de acuerdo con dicho texto legal, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación también podría conceder a partir del próximo curso académico 2025/2026 la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula a aquellos universitarios que se encuentren en una situación extraordinaria sobrevenida por accidente o enfermedad grave que les imposibilita cumplir con todos los requisitos.
El estudiante aquejado de esas circunstancias graves podrá, siempre que lo justifique debidamente, quedar exento de cumplir el requisito de estar matriculado en las universidades públicas andaluzas durante el curso anterior para el caso de la bonificación de los estudios de grado o en los dos años académicos anteriores para la compensación de los créditos de máster. Con carácter general, cuando sobrevienen estas situaciones, el universitario afectado suele anular la matrícula, por lo que hasta ahora cuando retomaba sus estudios no podía acogerse a la bonificación por no cumplir con lo establecido.
Esta novedad redunda en el objetivo del Gobierno autonómico de garantizar el acceso a la enseñanza superior y la igualdad de oportunidades y responde a la prioridad de que los jóvenes andaluces completen su etapa educativa universitaria y no abandonen su formación por motivos económicos. La iniciativa se incluye en el paquete de actuaciones de calado social puesto en marcha por el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos, en el que también se encuentran la exención del pago de tasas por parte de las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital o la inclusión de un cupo especial de admisión para las personas en riesgo de exclusión social.
Al margen de esta novedad, el decreto de precios públicos refuerza el derecho del alumnado a recibir la devolución íntegra del importe de la primera matrícula que realiza si después obtiene plaza en otra universidad como consecuencia de una reasignación dentro del proceso de admisión de enseñanzas, siempre que presente la solicitud de anulación en el plazo establecido.
Por otro lado, el documento también permite a las diferentes universidades públicas y sus respectivos centros adscritos firmar convenios en los que la cuantía que han de satisfacer estos últimos en concepto de precios públicos a las instituciones académicas pueda ser superior al 30%, porcentaje establecido hasta ahora.