- Derechos Sociales va a sacar también a exposición pública un Real Decreto con el que se creará un sistema estatal para identificar a animales de compañía y luchar contra el abandono y la cría ilegal
Madrid, 23 de junio de 2025.– El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pone en marcha esta semana el proceso de exposición y audiencia pública de dos Reales decretos para regular la protección de los animales de compañía y la lucha contra el abandono. Por un lado, a partir del 24 de junio saldrá a exposición pública el borrador de un Real Decreto para desarrollar la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que entró en vigor en marzo de 2023. Concretamente, este nuevo decreto regulará 25 artículos de esta norma, centrándose en medidas para combatir el maltrato a los animales de compañía y actuando de manera directa sobre prácticas como la cría irregular que acarrean que muchos de estos animales sean abandonados.
De esta manera, la regulación que ha desarrollado Derechos Sociales, a través de la Dirección General de Derechos de los Animales, va a restringir la cría irregular de perros y gatos. Dentro de este ámbito, sólo podrán reproducirse aquellos perros y gatos que hayan sido inscritos como ‘reproductores’ en el momento de su identificación. Así mismo, mediante esta norma se creará un sistema de interconexión de los registros autonómicos de criadores, núcleos zoológicos y entidades de protección animal, con el objetivo de luchar de forma coordinada contra el intrusismo profesional, intercambiando datos y recursos.
Con este Real decreto de desarrollo normativo se pretende garantizar también la tenencia responsable de los animales de compañía, en cumplimiento con lo que marca la Ley de Bienestar Animal. Para ello, se plantea ofrecer cursos de formación, gratuitos y de validez indefinida, para aquellas personas que opten a ser nuevos titulares de un perro de compañía. Estos cursos estarán certificados por una autoridad competente y quedarán exentos para veterinarios y para profesionales del comportamiento animal. Así mismo, se certifica que las personas que sean titulares de un perro deban asegurar su bienestar con un seguro de responsabilidad civil que incluya daños a terceros.
La otra normativa que sale a exposición pública esta semana, también a partir del día 24, es el Real Decreto de Identificación de Animales de Compañía. A través de este reglamento, se creará un sistema estatal para identificar animales de compañía y luchar contra el abandono. Será un sistema común y homogéneo para todo el Estado en el que se registrarán los animales de compañía que deben ser identificados de forma obligatoria: perros, gatos y hurones, siendo el personal veterinario el único habilitado para identificar a este tipo de animales.
Será el primer sistema de este tipo que se crea a nivel gubernamental para toda España. Permitirá a los gobiernos autonómicos adoptar mecanismos y registros de identificación y trazabilidad en base a criterios comunes básicos para todo el territorio nacional, con dos propósitos fundamentales: una localización más efectiva de los animales que se extravíen y un mayor control de enfermedades.
Además de este sistema, el nuevo Real decreto habilitará un procedimiento específico para que las administraciones públicas se hagan cargo de cualquier animal de compañía que esté confinado en un recinto abierto o en una finca y que pueda encontrarse en situación de riesgo. Esto es, cuando no se vean atendidas sus necesidades básicas por parte de la persona titular o responsable. Esto significa, tal y como señala el texto, que la autoridad local competente en cada territorio podrá trasladar el animal a un centro de recogida para que sea atendido de provisionalmente mientras se tramita el procedimiento de abandono.
Los textos de estos dos nuevos Reales decretos de Derechos Sociales cuentan ya con las aportaciones realizadas por gobiernos autonómicos, entidades protectoras de los animales, asociaciones del sector veterinario y profesionales de la cría de animales de compañía. Ahora, con su exposición pública, todas aquellas personas interesadas, incluyendo organizaciones e instituciones, pueden presentar sus aportes y observaciones durante las próximas dos semanas antes de que ambas normativas sean finalmente aprobadas.