Un estudio de la URV analiza las percepciones de la ciudadanía y alerta de la necesidad de tener en cuenta las diferencias territoriales para garantizar el éxito de la transición energética
A pesar de los adelantos en la generación de energía renovable, España todavía depende en gran medida de la importación de combustibles fósiles y se considera un país a “medio camino” en el proceso de transición energética dentro del contexto europeo. Para cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo, que prevé lograr la neutralidad climática el 2050, es imprescindible transformar el sistema energético y conseguir el apoyo de la ciudadanía hacia este proceso. Ahora, un estudio liderado de la URV ha comprobado que la aceptación ciudadana de las infraestructuras energéticas no es homogénea y está condicionada por factores como la medida del municipio, la presencia previa de estas instalaciones, el nivel educativo, la edad o la ocupación de los individuos. Este análisis, que forma parte del proyecto *SPECTRUM, pone de manifiesto la necesidad de adaptar las políticas de transición ecológica a las particularidades socioeconómicas y territoriales de cada región.
El estudio muestra que la medida del municipio es uno de los factores clave en la aceptación de la instalación de nuevas infraestructuras energéticas y señala diferencias en esta aceptación según si viven en entornos rurales o urbanos. Así, las personas residentes en las grandes ciudades tienden a mostrar una actitud más favorable a la instalación de infraestructuras energéticas que aquellas que viven en zonas rurales pequeñas. Aquellas que viven en ciudades medias son las que muestran más aceptación hacia la instalación de cualquier clase de infraestructura energética, especialmente las vinculadas a las energías verdes.
También se destaca que las centrales nucleares son mejor valoradas en municipios medios y grandes, con una aceptación aproximadamente un 6% superior a la de los pueblos pequeños. La percepción ciudadana también se ve influida por la experiencia previa con este tipo de instalaciones. Las centrales hidroeléctricas generan actitudes más favorables, mientras que las nucleares y los parques solares tienden a reducir la aceptación de nuevas instalaciones similares.
Otros factores individuales también condicionan esta aceptación. Por ejemplo, las personas que trabajan en el sector energético muestran un apoyo un 10% mayor especto al resto de la población. Además, en términos generales, cuanto más alto es el nivel educativo, mayor es la aceptación. Sin embargo, la edad juega a la contra: por cada año, la aceptación se reduce un 0,4%.
Finalmente, el estudio apunta que las personas activas al mercado laboral y las jubiladas son más favorables a estas instalaciones respecto a estudiantes o personas que se dedican al cuidado edel hogar.
Estos datos ponen de relieve que diseñar políticas energéticas sin tener en cuenta las diferencias territoriales y sociales puede comprometer el éxito de la transición ecológica. Entender qué condiciona la aceptación social de estas infraestructuras es clave para impulsar un modelo energético más sostenible y eficiente, apunta el equipo investigador.
El proyecto de investigación SPECTRUM, liderado por la Universitat Rovira i Virgili y financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y los fondos Next Generation EU, ha encuestado más de 7.000 personas en los últimos meses y ha revelado tendencias significativas en la percepción social de las medidas adoptadas de transición energética, que ponen sobre la mesa marcadas diferencias de opinión en función del área de residencia.
