El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha advertido hoy del grave perjuicio que supone para las corporaciones locales el actual sistema de financiación autonómica y local, que ha calificado como “un mecanismo de ahogo en cadena”. Con esta contundente declaración a Ser Ciudad Real, ha reclamado al Gobierno de España que permita a las diputaciones utilizar sus remanentes positivos de tesorería, cuantificados en el caso de Ciudad Real en más de 100 millones de euros, para destinarlos a inversiones financieramente sostenibles que beneficien directamente a los vecinos y vecinas de la provincia.
Valverde ha lamentado que “en un momento de enorme incertidumbre política” se haya relegado del debate público una cuestión de vital importancia como es la financiación local. “Se habla constantemente de la financiación autonómica, pero casi siempre se olvida que los ayuntamientos también están prestando servicios, muchos de ellos impropios, sin la financiación correspondiente. Y esto genera un colapso progresivo”, ha aseverado.
Ha dicho también que esta situación no es nueva, pero sí cada vez más insostenible. Y ha recordado que la recaudación del Estado se ha incrementado notablemente en los últimos años -sobre todo debido a la subida de precios y al aumento de impuestos indirectos como el IVA-, sin que ese crecimiento haya repercutido proporcionalmente en la financiación de comunidades y ayuntamientos. A este respecto ha añadido que “la ley establece que tenemos derecho a un porcentaje sobre esa recaudación, pero no está llegando. En enero nos comunicaron que las previsiones que nos sirvieron para elaborar nuestros presupuestos ya no se cumplirían, y desde entonces la incertidumbre es total”.
En este contexto, ha criticado que el reciente decreto aprobado por el Gobierno para actualizar las entregas a cuenta no contemple un aspecto “clave y preocupante” como es la autorización para que las entidades locales puedan emplear sus remanentes de tesorería. “En el caso de la Diputación de Ciudad Real estamos hablando de más de 100 millones de euros que no podemos utilizar. Es una situación absurda y profundamente injusta para nuestros municipios, porque no se nos permite destinarlos a obras e infraestructuras que mejorarían la calidad de vida en nuestros pueblos”, ha asegurado.
Ha señalado también que la normativa vigente impide el uso de esos fondos si se supera la regla de gasto, aun cuando la institución provincial se encuentra en una situación económica desahogada. “Queríamos lanzar un programa extraordinario de ayudas para nuestros ayuntamientos, pero mientras esta trampa legal no se corrija, no vamos a poder hacerlo. Y eso significa que muchos proyectos se van a quedar en el cajón”, ha advertido.
Por todo ello, Valverde ha instado al Gobierno a corregir esta omisión “incomprensible” y a permitir que diputaciones como la de Ciudad Real puedan movilizar sus recursos disponibles. “Estamos hablando de inversiones que llegan al territorio, que dinamizan la economía local y que responden a necesidades reales. Esta reivindicación no es ideológica ni partidista, es una exigencia de justicia financiera y de compromiso con el desarrollo de nuestros pueblos”, ha comentado.