Millones de niños y niñas siguen sin tener acceso a la justicia

Millones de niños y niñas de todo el mundo sufren la vulneración de sus derechos, pero sólo unos pocos tienen oportunidad de recurrir a la justicia para mejorar su situación de un modo oportuno, equitativo y eficaz, manifestó hoy UNICEF.

La denegación del derecho a la atención sanitaria y a la
educación de calidad, o del derecho a la protección frente al
maltrato, la violencia y la explotación son algunos ejemplos de
estas vulneraciones, que en ocasiones perpetran las personas más
cercanas a ellos. Sin acceso a la justicia, los niños no pueden
ocupar el lugar que les corresponde en la sociedad.

En el día de hoy, UNICEF exhortó a los gobiernos a
reconocer que los niños enfrentan barreras especiales a la hora de
recurrir a la justicia en busca de la satisfacción de sus derechos.
La mera ampliación de las medidas concebidas para los adultos
resulta insuficiente: se precisan medidas específicas de protección
orientadas a la infancia.

“Un acceso equitativo a la justicia significa garantizar
que todos los niños reciban el beneficio y la protección de los
sistemas de justicia”, declaró Marie-Pierre Poirier, Directora
Regional de UNICEF para Europa Central y del Este y la Comunidad de
Estados Independientes. “Sin embargo, la infancia continúa
enfrentando barreras enormes”.

“En las normas sociales de la mayor parte de los países se
considera inaceptable, cultural y socialmente, que un niño plantee
una reclamación sin el consentimiento de sus progenitores. La
noción de acceso a la justicia es inconcebible hasta para los
propios niños”, añadió.

La Srta. Poirier intervino como miembro de un grupo de
expertos en la reunión anual de día completo sobre los Derechos del
Niño, celebrada en ocasión del 25º periodo ordinario de sesiones
del Consejo de Derechos Humanos. Es el primer evento que se celebra
en el Consejo de Derechos Humanos centrado en el acceso de la
infancia a la justicia y el papel fundamental que puede desempeñar
en la habilitación de los niños para reivindicar sus derechos.

Aunque todos los niños encuentran obstáculos en el acceso
a la justicia, los que padecen discapacidades, los que pertenecen a
minorías étnicas y las niñas experimentan por lo general más
dificultades que el resto.

El acceso a la justicia para todos los niños comporta
repercusiones de largo alcance en muchos aspectos de su vida. Puede
hacer posible la impugnación de decisiones que disponen la
separación de los niños de sus progenitores. Puede hacer que se
restablezcan prestaciones sociales que ayudan a que las familias se
ocupen de sus hijos, y que se revoquen decisiones discriminatorias
que estigmatizan a grupos étnicos o religiosos. También puede hacer
que los niños regresen a la escuela y que reciban atención
sanitaria cuando estos derechos les son denegados.

Otra faceta importante del debate es la obligación que
recae en la sociedad de concebir unos sistemas judiciales que
tengan en cuenta las necesidades de la infancia, en consonancia con
las normas internacionales. La Srta. Poirier mencionó algunos
ejemplos de avances logrados en este sentido, como el
acondicionamiento de los tribunales y las comisarías de policía a
fin de que resulten menos intimidantes, la capacitación de
funcionarios de policía, jueces, magistrados para comunicarse con
los niños de manera sensible, y la instauración de medidas de
protección como la de evitar el contacto entre el niño y el
presunto perpetrador.

En una publicación reciente de UNICEF, Insights: Child rights in Central and Eastern
Europe and Central Asia –
Promoting equitable access to
justice for all children
se recomienda aumentar los
esfuerzos orientados a lograr que los sistemas judiciales tengan en
cuenta las necesidades de la infancia y facultar a las familias y
los niños a fin de que puedan:

  •  beneficiarse de unos procedimientos adaptados que
    apliquen profesionales con capacitación;
  • recibir asesoramiento jurídico y social por medio de centros
    dedicados a los derechos de la infancia y centros de asistencia
    jurídica, y así conocer qué    derechos de
    protección les asisten por ley;
  • obtener información sobre cauces de reparación tales como la
    oficina del ombudsman u otras dependencias administrativas y foros
    extraoficiales; 
  • ser remitidos a los servicios adecuados (por ejemplo, un
    abogado, un médico o un psicólogo); o
  • en algunos casos, recibir asesoramiento jurídico directo con el
    fin de instar un procedimiento judicial.

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