UNICEF España analiza la respuesta española a la crisis de refugiados procedentes de Ucrania y pide el mismo trato para todos los niños y niñas migrantes, como los al menos 5.500 no acompañados en Canarias, que necesitan la misma respuesta rápida y eficaz
Total de José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España, AQUÍ.
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MADRID, 20 de febrero de 2024- España debería contar con una verdadera política de Estado de gestión de contingencias humanitarias migratorias, coordinada a nivel central y que garantice la igualdad de trato a todos los niños, niñas y adolescentes migrantes. La gestión de la crisis de refugiados derivada de la guerra de Ucrania demostró que es posible poner a la infancia en el centro y ha sido la respuesta de mayor dimensión, más rápida, más completa, más solidaria y más coordinada que había dado España a una contingencia humanitaria migratoria hasta la fecha.
“Esto demostró que, si hay voluntad política, social y recursos, sí se puede dar una respuesta a la infancia que se desplaza, una respuesta que debe ser más acorde con los estándares internacionales y con los propios derechos de infancia, sin restar eficacia y coordinación interinstitucional e interterritorial”, asegura Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España.
Para José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España, “tanto el sistema de acogida, protección a la infancia, educativo y sanitario tuvieron una buena reacción, aunque es cierto, por ejemplo, que no se adoptaron protocolos de actuación integral con la infancia en los dispositivos de acogida. Lo paradójico fue que seguían llegando niños y niñas procedentes de otros lugares y no recibieron una respuesta equivalente, ni en ese momento ni en los últimos años. Por ello, pedimos que esos niños y niñas que llegan desde otros países tengan los mismos derechos”.
UNICEF España ha lanzado un informe, La respuesta de España a la crisis de Ucrania: ¿Un punto de inflexión en la protección de la infancia en contexto de contingencias humanitarias migratorias?, en el que analiza la gestión de la crisis por parte de las autoridades españolas. Este estudio recoge los aspectos más positivos de dicha respuesta -como la agilidad, la coordinación, la ampliación de la red de acogida o la implantación de sistemas novedosos de acogimiento- pero también contempla las áreas de mejora para llegar a una política migratoria con enfoque de derechos de infancia.
En este sentido, la organización pide que la gestión de las contingencias humanitarias migratorias se consolide como una auténtica política de Estado, liderada y coordinada por el Gobierno central; una respuesta uniforme para cada niña o niño, acompañado y solo, mediante herramientas, procesos y especialización similares que eviten un tratamiento desigual; garantizar que el interés superior del niño sea una consideración primordial en todas las decisiones, procesos y medidas; y la sostenibilidad de esa política, basada en responsabilidades compartidas y solidaridad con los territorios de primera llegada.
La reciente creación de la Comisión Interministerial de Inmigración, cuya misión es atender los repuntes migratorios con agilidad y al más alto nivel, supone una oportunidad para avanzar, pero debería crear un grupo permanente que aborde las cuestiones específicas de la infancia, en coordinación con los Ministerios de Juventud e Infancia, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Reformar el procedimiento de determinación de la edad, introducir herramientas básicas de protección de infancia en el sistema de atención humanitaria y de acogida a refugiados, asegurar la adecuada implementación del Modelo de gestión de contingencias migratorias para infancia y adolescencia no acompañada o no poner barreras a los empadronamientos son otras medidas concretas que, a juicio de UNICEF España, podrían mejorar la atención a la infancia migrante, independientemente de su procedencia o de dónde se encuentre.
Situación en Canarias y corresponsabilidad entre CCAA
Preocupa especialmente la situación en Canarias, sobre todo la de los al menos 5.500 niños, niñas y adolescentes no acompañados que son atendidos por los servicios de protección canarios. Allí, “los sistemas de acogida y protección están sobrepasados, y para garantizar el interés superior de estos niños y niñas, tiene que haber una corresponsabilidad con otras comunidades autónomas. Existe un mecanismo de contingencia migratoria para que haya derivaciones y solidaridad entre los territorios que es un indudable paso adelante, pero no está funcionando como debería”, explica José María Vera. “Una de las lecciones aprendidas de la crisis ucraniana es esa corresponsabilidad interterritorial y social, que debe darse en otras situaciones con otros orígenes. Si no se produce por una vía solidaria y voluntaria, es conveniente que se estudien fórmulas de obligatoriedad que permitan trasladar a los niños y niñas no acompañados a otros puntos del país con las debidas garantías. Es el Estado en su conjunto quien tiene la responsabilidad de cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño, y la tiene que ejercer como corresponde”, concluye.
UNICEF España presenta este informe y sus recomendaciones este 20 de febrero en una jornada que cuenta con la participación de miembros de UNICEF España, la representante de ACNUR en España, Sophie Muller; los secretarios de Estado de Migraciones (Pilar Cancela) y Juventud e Infancia (Rubén Pérez Correa), la directora general de Infancia, Lucía Losoviz, y la directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, Amapola Blasco, así como con miembros de las direcciones generales de infancia autonómicas, Defensor del Pueblo, organismos de Naciones Unidas, entidades del sistema de acogida y de protección de infancia, Agencia Europea de Asilo, entidades de la sociedad civil y expertos. La clausura correrá a cargo de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y del presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra
Nota para editores:
La investigación para realizar el informe tuvo principalmente lugar de febrero a octubre de 2023 y se basó en la recolección de información de un amplio número de fuentes documentales, incluyendo normativas, protocolos, planes de acción, actas, informes y otros documentos elaborados por instituciones públicas estatales, autonómicas, provinciales, locales y europeas, así como diversos reportes elaborados por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. También se llevaron a cabo decenas de entrevistas a actores clave de diferentes administraciones públicas, el Defensor del Pueblo, entidades sociales y agencias de Naciones Unidas. Por último, el trabajo incluyó una visita a cada uno de los Centros de Recepción, Acogida y Derivación (CREADE), los recursos abiertos para la primera acogida y otros servicios dirigidos a la población desplazada desde Ucrania.
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