El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante su intervención.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha inaugurado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) la jornada «La reforma de la carrera judicial y fiscal: las nuevas propuestas», en la que se analizará el Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, actualmente en tramitación parlamentaria.
En el marco de esta jornada, el ministro ha anunciado una de las principales medidas incluidas en la reforma: la convocatoria de 1.004 plazas para juezas, jueces y fiscales sustitutos -673 para jueces y 331 para fiscales- a través de un proceso extraordinario de estabilización por concurso-oposición, que se concretará durante la tramitación parlamentaria. La convocatoria se llevará a cabo en un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la nueva ley.
El proceso está concebido para dar cumplimiento a los estándares europeos sobre el trabajo de duración determinada en el ámbito judicial, conforme a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y para avanzar en la reducción de la temporalidad, el refuerzo del servicio público de Justicia y la consolidación de las Carreras Judicial y Fiscal. Si España no abordase esta estabilización, se enfrentaría a una sanción por parte de la Comisión Europea, que ha advertido en dos ocasiones al Estado por esta cuestión.
Estas 1.004 plazas se suman a las cerca de 1.500 que se convocarán en los próximos tres años, lo que convierte a esta reforma en la mayor apuesta del Gobierno en décadas por ampliar, estabilizar y modernizar los recursos humanos del sistema judicial español.
La reforma incorpora medidas para garantizar la igualdad de oportunidades, modernizar el sistema de selección y estabilizar las plazas temporales
La reforma introduce cambios estructurales con un triple objetivo: garantizar la igualdad de oportunidades, modernizar el sistema de acceso y reducir la temporalidad. Entre sus medidas clave se encuentra el blindaje legal de las becas SERÉ para opositores a las Carreras Judicial y Fiscal, con una cuantía mínima equivalente al Salario Mínimo Interprofesional y una duración de hasta cuatro años. El Centro de Estudios Jurídicos asume una nueva función como red pública de preparación de oposiciones con implantación territorial, lo que permitirá extender el acceso a quienes carecen de medios suficientes o viven fuera de los grandes núcleos urbanos.
Además, el proyecto prevé una profunda revisión del modelo de selección, diseñado en el siglo XIX, incorporando una prueba escrita anonimizada que evalúe el razonamiento jurídico y una grabación íntegra del examen oral para asegurar su transparencia.
También incluye medidas orientadas a mejorar la transparencia del sistema, como la regulación de los preparadores de opositores o la prohibición de financiación privada de las asociaciones judiciales.