Izquierda Unida, a través de la responsabilidad federal de Municipalismo, valora que el desbloqueo de fondos a cuenta destinados a los ayuntamientos y entes locales anunciado hoy por la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, es “una medida necesaria para paliar la grave crisis de liquidez que sufren muchas administraciones locales”, pero destaca que “sigue siendo totalmente insuficiente si no se acompaña de una profunda reforma del modelo de financiación local, así como de la derogación de la llamada ‘ley Montoro’”, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”.
Montero explicó esta mañana, tras cerca de seis meses de retraso, que el Consejo de Ministros aprobará mañana martes el decreto ley para actualizar esas entregas a cuenta. Este anuncio se produce tras medio año en el que las administraciones territoriales, muy especialmente aquellas en las que gobierna IU, llevan exigiendo esta actualización.
“Los ayuntamientos en los que Izquierda Unida está al frente han sido pioneros en la defensa de los servicios públicos y en la reivindicación de una financiación digna, a pesar de las trabas administrativas y legales”, apunta Rafael Pérez, responsable federal de Política Municipal de IU.
Destaca que “el trabajo constante de nuestros alcaldes y alcaldesas, junto al resto de representantes municipales, ha sido decisivo para acercarnos a una financiación más suficiente y adecuada para las entidades locales”.
El adelanto de estas entregas era una de las medidas que incluía el decreto ley del Gobierno de coalición que a finales de 2024 PP, Vox y Junts se encargaron de tumbar al unir sus votos, de ahí que en buena medida también sean responsables el actual retraso.
Pérez incide también en que la ‘ley Montoro’ “vigente desde 2013, asfixia desde entonces a los ayuntamientos y limita su capacidad para invertir en servicios esenciales y, de esta manera, responder de forma adecuada a las necesidades y exigencias de la ciudadanía”.
Constata que “Hacienda ha contribuido a permitir que la crisis se prolongue todos estos meses. Ha ignorado las demandas de los municipios y ha priorizado el control del gasto sobre el bienestar ciudadano”.
Necesidad de inversión en vivienda, igualdad, educación o atención
Izquierda Unida lleva años, también en lo que va de la actual legislatura, exigiendo una reforma del modelo de financiación local, tal y como recoge el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de 2019. De ahí que entienda que “ya es hora de dejar de impedir a los consistorios que puedan dedicar su superávit a mejorar servicios públicos y que la ‘ley Montoro’ les obligue a destinar esos recursos a pagar deuda”.
Además, IU defiende “flexibilizar la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan invertir en vivienda, igualdad, educación o atención a las personas mayores, como nos exige mayoritariamente la ciudadanía”.
Rafael Pérez incide en que “estamos ante una reivindicación de una financiación justa para ayuntamientos y comunidades autónomas que es histórica en Izquierda Unida. Este desbloqueo de fondos solo tiene sentido si es el preámbulo de un nuevo modelo de financiación que garantice la suficiencia de recursos y la equidad territorial, lo que debe ser una prioridad del Gobierno”.
“No aceptamos parches, ni soluciones cosméticas -comenta el dirigente federal de IU-, de ahí que exijamos un cambio estructural que permita a los ayuntamientos invertir en vivienda, igualdad, educación y atención a las personas mayores, sin la losa de la deuda y la dependencia de fondos discrecionales. Hacienda debe escuchar a los gobiernos locales y actuar con urgencia para revertir los daños causados por una gestión errática y cortoplacista”.