Ingreso Mínimo Vital
En el quinto aniversario de la creación del Ingreso Mínimo Vital, CCOO hace balance de los logros alcanzados por esta prestación, dirigida a enfrentar las situaciones de pobreza severa, así como de los elementos que es necesario corregir para garantizar plenamente los objetivos con los que fue diseñado.
El IMV es una pieza del Escudo Social creado como respuesta a la pandemia, pero con un diseño estructural, y respondía, parcialmente, a las demandas de CCOO para poner en marcha desde la Seguridad Social un sistema de garantía de rentas mínimas
A la hora de hacer una valoración general de lo que han supuesto los 5 años de vida del Ingreso Mínimo Vital, resulta imprescindible comenzar por poner en valor que ha protegido a 1 millón de familias y a más de 3 millones de personas. Su creación como una prestación no contributiva de la Seguridad Social en plena pandemia por Covid-19 resultó un elemento central del Escudo Social acordado en el marco del Diálogo Social en aquel momento.
El gran reto de aquellas políticas públicas es el de consolidarse en el tiempo y que se conviertan en estructurales. Cuando ello sucede se garantizan los mecanismos que pueden anticipar los ciclos económicos y garantizar la mejor protección social y la reactivación económica más rápida posible. El IMV formaba parte así junto a otras iniciativas en el ámbito socio-laboral como los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) que también se han consolidado en la figura del conocido como Sistema RED, el bono social eléctrico, la imposibilidad de realizar desahucios a familias en riesgo de exclusión, entre otras. Por ello, la consolidación del IMV en el conjunto de prestaciones de la Seguridad Social resulta un hito a destacar.
La renuncia de varias CCAA a complementar el IMV con las rentas mínimas propias contribuye a limitar su alcance entre los ciudadanos de estos territorios
Además del nivel de cobertura global que ha conseguido alcanzar desde su puesta en marcha, el IMV protege cada mes a 720.000 familias en las que residen 2,2 millones de personas. Debe destacarse, además, el importante componente de género que despliega ya que el 68% de las personas titulares son mujeres, así como la protección de la infancia que despliega ya que en el 70% de las familias que se protegen residen cerca de 1 millón de menores.
Más aún, hemos de llamar la atención sobre el hecho de que el volumen total de personas protegidas por el IMV ya supera claramente el nivel de cobertura de las rentas mínimas autonómicas.
El diseño del IMV lo define como una prestación de último recurso común para todo el Estado que, no obstante, permite ser complementada por parte de las comunidades autónomas. Sin embargo, son varios los gobiernos autonómicos que han optado por abandonar sus rentas mínimas en favor del IMV sin poner en marcha ninguna otra medida de complemento o refuerzo de la prestación estatal, como es el caso de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha, entre otros
Hemos de recordar que esta situación contribuye a limitar el alcance efectivo que tiene el IMV entre la población de estos territorios, de la misma medida que el IMV también precisa de actuaciones en otras materias igualmente relevantes tales como las relacionadas con el acceso a una vivienda asequible, la inserción laboral y la calidad del empleo, políticas educativas, etc.
Reformas pendientes que deben abordarse en el marco del diálogo social
El IMV se ha caracterizado desde su puesta en marcha por ser una prestación en constante adaptación a la realidad que tiene la obligación de proteger, no en vano, hasta su aprobación como Ley ordinaria en 2021, fueron necesarios hasta 6 reformas consecutivas vía Real Decreto-ley sólo para afinar su ámbito subjetivo. Todas ellas contaron con un acuerdo parlamentario prácticamente unánime, con la única excepción de VOX.
Precisamente para seguir mejorando el alcance de la prestación y garantizar la plena erradicación de la pobreza severa en nuestro país, es necesario continuar con el ajuste normativo de elementos que aún no han conseguido operar adecuadamente.
Entre todos ellos cabría destacar los déficits de cobertura, también conocidos como non-take up, que mantienen a un número muy relevante de potenciales beneficiarios que sin embargo ni siquiera han considerado su solicitud.
De igual modo, resulta a nuestro juicio imprescindible resolver con urgencia las situaciones que se derivan de la consideración de las rentas del año precedente y no del momento en curso; así como las relacionadas con prestaciones indebidas por estas y otras causas, que afectan a población en situaciones de especial fragilidad social.
Para precisar adecuadamente estas cuestiones, CCOO considera necesario llevar a cabo una evaluación compartida del alcance de la prestación y que, en el marco del diálogo social, se busquen posibles soluciones que cuenten con el nivel de acuerdo político y social que requiere una prestación de la importancia que tiene el IMV.