En días recientes, la Justicia chilena abrió la primera causa para procesar a presuntos responsables de separar a bebés de sus madres y darlos irregularmente en adopción a personas residentes en el extranjero durante la época de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, ordenó el encarcelamiento de cinco personas, a las que se sindica de «asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos menores de edad de la comuna de San Fernando, que fueron entregados a matrimonios extranjeros» durante la década de 1980.
En el entramado aparecen implicados abogados, sacerdotes católicos, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza, que se dedicaban a «detectar y entregar en adopción a menores de edad cuyas madres eran de escasos recursos, a parejas extranjeras previo pago de montos de dineros que podrían llegar hasta los 50.000 dólares«, de acuerdo con un comunicado publicado por el Poder Judicial.
Se calcula que durante el régimen pinochetista, unos 20.000 menores fueron separados de sus madres y entregados a familias residentes en otros países, de acuerdo con pesquisas judiciales. En la red de trata participaban, entre otros, médicos, trabajadores sociales y jueces, quienes se encargaban de manipular a mujeres en situación de pobreza para que entregaran a sus hijos al poco de nacer o directamente les mentían, diciéndoles que habían muerto.
Por este calvario pasó Juana Raquel Orias Blanco, una mujer chilena que parió a su primera hija en Temuco y tuvo que esperar cuatro décadas para saber que su niña no había muerto al momento del nacimiento, como le aseguró la comadrona que la atendió en el parto, sino que había sido dada en adopción inmediatamente después del nacimiento y fue a parar a Suecia, recoge El Diario.es. Su caso es uno entre miles.
Al otro lado del océano
Según un reciente informe encargado por el Gobierno del país nórdico a investigadores independientes, entre las décadas de 1970 y 2000, miles de niños pequeños fueron extraídos ilegalmente de sus países de origen para ser dados en adopción a familias suecas.
De acuerdo con las pesquisas, en ese lapso se realizaron adopciones irregulares donde no medió el consentimiento de los padres o directamente estuvieron basadas en documentos falsos destinados a esconder la identidad de esas víctimas, que procedían, además de Chile, de naciones como Colombia, Corea del Sur, China o Sri Lanka.
A lo largo de 1.600 páginas, el documento reconstruye la manera en la que se producían estas adopciones irregulares. En algunos casos, los menores fueron declarados muertos; en otros, fueron dados en adopción por personas que no eran sus padres o por padres a los que no se les explicó lo que implicaba conceder sus derechos parentales para una adopción internacional.
El Estado en la mira
La evidencia recopilada en el informe permitió concluir que tanto el Gobierno sueco como el actual primer ministro, Ulf Kristersson, eran conscientes de estas irregularidades desde hace al menos dos décadas, pero prefirieron mirar a otro lado en lugar de reconstruir escrupulosamente los hechos y procurar la condena de los responsables.
«Los actores suecos implicados en las adopciones no actuaron con la suficiente firmeza cuando se detectaron irregularidades», señaló la relatora especial de la comisión encargada de investigar estos eventos durante cuatro años, Anna Singer.
Singer acusó al Estado sueco de perpetrar «violaciones a los derechos humanos» en alusión al tráfico de menores y demandó a la actual administración que prohíba las adopciones internacionales y se disculpe oficialmente con las familias afectadas.
Del mismo modo, la comisión recomendó la creación de un centro público de investigación para personas adoptadas y ofrecer un estipendio de 1.400 euros –cerca de 1.600 dólares– a quienes deseen visitar sus países de origen.
La ministra de Asuntos Sociales de Suecia, Camilla Waltersson Grönvall catalogó las conclusiones del informe como «terribles» y apuntó que las autoridades revisarán el reporte con detenimiento antes de anunciar ninguna decisión.
Kristersson
Aunque la comisión autora del informe presentado esta semana en Estocolmo surgió a raíz de la publicación de un conjunto de reportajes aparecidos en el diario Dagens Nyheter en 2021, algunas organizaciones de adopción en el país nórdico alertaron hace varias décadas sobre las irregularidades presentes en las adopciones internacionales. Sus exhortos fueron ignorados por las autoridades.
En 2022, el mismo diario reveló que Kristersson había estado entre quienes hicieron caso omiso de las denuncias por tráfico de niños, pese a que tuvo constancia de ellas entre 2003 y 2005, mientras presidió Adoptionscentrum. Se trata de la agencia de adopciones internacionales más grande de Suecia y la segunda de mayor tamaño en todo el mundo.
Según el reporte periodístico, los señalamientos se correspondían principalmente en adopciones de niños procedentes de China y el ahora alto funcionario, prefirió ignorarlos. En esta trama estaría involucrados funcionarios de distinto nivel, policías y profesionales de la salud en el país asiático, quienes le habrían comprado los menores a las familias pobres que no cumplían con la entonces vigente política del hijo único. También se reportó que se a los padres suecos se les exigía un pago de 3.000 dólares cuando llegaban a los orfanatos.
Cuando dirigía Adoptionscentrum, Kristersson defendió la adopción de menores chinos, con una narrativa que apuntalaba la posibilidad de que tuvieran una vida mejor que la que podrían haber tenido en su país de origen. «Lo más conmovedor no fue ver a los bebés que se marchaban hacia nuevas familias, sino ver las expresiones en las caras de los muchos niños que se quedaban atrás», dijo en aquel tiempo.
Empero, en el presente, el actual primer ministro declaró que no está descartado que las personas que fueron adoptadas en el extranjero por medio de una adopción irregular reciban «una disculpa oficial del Estado». Del mismo modo, calificó los hallazgos del informe como «información muy seria que el Gobierno revisará con atención».