UNICEF DENUNCIA QUE LA POLÍTICA DE MANO DURA DEL GOBIERNO PANAMEÑO VIOLA LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

La Oficina Regional de UNICEF para América Latina y Caribe ha manifestado su firme oposición a las modificaciones que el Gobierno de Panamá pretende realizar a la ley sobre Responsabilidad Penal de la Adolescencia

Esta modificación se opone a los
principios que establece la Convención sobre los Derechos del Niño,
firmada y ratificada por la República de Panamá en 1990, cuando
trata de equiparar el sistema de justicia penal para adultos y la
justicia penal adolescente.

La intención de penalizar y tratar
a los adolescentes infractores “como si fueranadultos” es una flagrante violación a la letra y
el espíritu de la Convención (concretamente los artículos 37 y
40).

“La CDN y UNICEF no están de
acuerdo con una política de mano dura, ni de mano blanda, pero sí
con una política de mano justa y sabia. El Estado y la sociedad
panameña tienen el deber de garantizar el desarrollo pleno de los
niños, niñas y adolescentes para que conjuntamente con los adultos
contribuyan al futuro del país con democracia y justicia para
todos”, dijo el Director Regional de UNICEF, Nils Kastberg.

Además, el propio Gobierno de
Panamá ha reconocido que la delincuencia juvenil noconstituye un problema serio en su país ya que la
mayor parte de los crímenes son cometidos por adultos.

Según estadísticas oficiales, de
cada 10 delitos, 9 son cometidos por adultos y sólo uno por
adolescentes. En el caso de delitos graves (homicidio, violación,
secuestro, tráfico ilícito de drogas, robo y lesiones personales)
de cada 100 delitos, 98 son cometidos por adultos y solamente 2 por
adolescentes .

Estas cifras no responden por lo
tanto a una espiral ascendente de delitos perpetrados por
adolescentes sino a una estigmatización y criminalización de los
mismos.

Según la Convención sobre los
Derechos del Niño, los Estados deben contar con un sistema de
justicia especializado, flexible y diverso para juzgar a personas
menores de 18 años.

Su razón de ser está en que el/la
adolescente es una persona en desarrollo que no ha tenido tiempo
para interiorizar las normas que rigen la sociedad
en la que vive.

En este sentido, lo que
verdaderamente caracteriza el derecho penal adolescente es la
finalidad educativa y sancionadora, recurriendo a la privación de
libertad como último recurso y buscando siempre la reinserción
social del adolescente.

Medidas como el aumento de las
penas hasta 20 años de cárcel, además de violar los derechos de los
adolescentes panameños, no solucionará el problema de violencia que
quiere enfrentar el país.

La violencia y la criminalidad
están estrechamente ligadas a la inequidad, la exclusión social y
la falta de oportunidades. Es imperativo que las políticas públicas
sociales resuelvan las causas que originan estos actos delictivos y
atacar de esta forma la raíz del problema de violencia que vive
tanto la República de Panamá como el resto de la región
centroamericana.